Pasan los años, las décadas y ahí siguen como monumentos al fracaso urbanístico. Son los vestigios del boom de la construcción que no sobrevivieron a la crisis económica o se perdieron enredados en litigios judiciales o renuncias de herederos tras el fallecimiento de los promotores. Proyectos arquitectónicos arruinados que afean el paisaje, degradan el entorno y se han convertido, en muchos casos, en peligrosos refugios sin las mínimas condiciones de seguridad para personas sin techo que malviven entre basuras y escombros y bajo la amenaza de un posible derrumbe.
El problema de los edificios inacabados en Tenerife, con un mayor impacto en el Sur por el boom turístico de los años 70 y 80, a lo que hay que añadir la falta de experiencia de los inversores en el sector de la construcción, se agudiza por el deterioro de sus estructuras, agravado por la proximidad de estas al mar, como evidencian las grietas, el óxido o la corrosión. Los expertos recuerdan que ni el hormigón ni el hierro son materiales eternos y que, en el caso de los edificios fantasma, sin ningún tipo de mantenimiento desde que se retiraron las grúas y los obreros, su vida útil se acorta por la acción del viento, la lluvia, el sol y el mar.
Varios arquitectos consultados por este periódico indican que retomar las obras de un viejo esqueleto de cemento -los hay en la Isla con más de 50 años de antigüedad, como el mamotreto de Añaza o Chasna, en Arona- no resulta la opción más viable por el sobrecoste que supone afrontar el deterioro que ha sufrido la construcción con el paso del tiempo.
Esta circunstancia obliga, de entrada, a una rigurosa evaluación para determinar cuál es el estado real de los materiales (práctica cada vez más frecuente por bancos y aseguradoras) a partir de ensayos de permeabilidad, carbonatación y pruebas de carga, entre otros. De hecho, hay estudios que indican que terminar un edificio abandonado con una patología estructural puede resultar hasta un 20% más caro que levantar uno nuevo.
Si el edificio inconcluso se construyó en los últimos años, el margen de actuación para esquivar el sobrecoste resulta más favorable y, sobre todo, si la estructura cuenta con licencia de obra en vigor del ayuntamiento. Es el caso de dos bloques inacabados en San Isidro (Granadilla) que fueron adquiridos el año pasado por la cadena hotelera Spring Hotels para construir casi un centenar de pisos destinados a sus trabajadores y por los que la compañía desembolsó 2,4 millones de euros. Una medida pionera en medio de una crisis habitacional sin precedentes agravada por el auge de las viviendas vacacionales y la escasez de pisos públicos.
Especialistas en urbanismo advierten de que el suelo nunca volverá a ser el mismo tras una obra abandonada al romperse el ecosistema y subrayan que el solar de un inmueble abandonado genera un efecto llamada de escombros y materiales inservibles de obra, convirtiéndose en focos de insalubridad.
Mientras, desde algunos sectores ecologistas se reclama el establecimiento de un plazo determinado para la finalización de los mamotretos y, en caso de no reanudarse las obras, proponen la demolición para las edificaciones irrecuperables y la construcción de viviendas sociales en el caso de las estructuras aprovechables.
Borrar las huellas del fracaso empresarial en el sector de la construcción no es fácil ni barato. Aunque el coste medio aproximado de las demoliciones ronda los 50 euros por metro cuadrado en España, este dependerá de múltiples factores como el tamaño y tipo de estructura, su ubicación, materiales de construcción, localización y los permisos y normativas.
Sea por esta causa o por las anteriormente mencionadas, los fracasos del boom de la construcción siguen en pie, a la vista de todos. Como viejos barcos encallados en tierra de nadie.
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