El Ayuntamiento de la Villa de Arafo cerrará hoy una consulta ciudadana sobre la posibilidad de declarar Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) su zona comercial ubicada en el polígono del Valle de Güímar y El Carretón, una figura que permitiría a las superficies ampliar horarios comerciales, con especial atención a la apertura durante los domingos y festivos todo el año. La iniciativa ha avivado el rechazo de sindicatos, asociaciones vecinales y del pequeño comercio municipal.
El nudo de la controversia está en la propia naturaleza de los terrenos. La solicitud afecta a los dos polígonos, sobre los que se pretende aplicar una categoría pensada para áreas de “fuerte afluencia turística”. En este lugar operan grandes cadenas como Hiperdino, Mercadona, Lidl, Aldi, además de varias gasolineras, Burger King y un Popeye’s.
Comisiones Obreras de Canarias (CC.OO.) subrayó ayer en una nota que en “ningún punto de la memoria justificativa se habla de turistas, de turismo ni del número de visitantes”, sino únicamente de la “competitividad con otros municipios” y de que los vecinos “puedan comprar con total libertad”. El expediente se apoya en el artículo 12.4.g) del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, que admite la declaración “cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen”, recuerdan.
CRITERIOS
La tramitación, remarcó a este periódico el alcalde de Arafo, Juan Ramón Martín (CC), fue presentada por un particular directamente ante el Gobierno de Canarias, que se limitó a trasladarla al municipio. Ante esa petición, el Ayuntamiento encargó un informe técnico para verificar si cumple los requisitos exigidos a las zonas turísticas de esta índole. En general, de los siete criterios establecidos para la consolidación de la ZGAT, el municipio incumple seis; el séptimo es precisamente dicha cláusula abierta.
El técnico, en el mismo documento, no llega a pronunciarse en ningún momento sobre si la declaración procede.
CC.OO. sostiene también que la mayoría de negocios que podrían beneficiarse de la liberalización, aunque el sector de la restauración y las estaciones de servicio “ya abren los domingos y festivos”, y reprocha que la memoria “ignore tanto el impacto sobre el comercio local como la conciliación laboral y familiar de las plantillas”.
Tras reunirse con grupos vecinales y con la concejala de Comercio local, el sindicato aseguró, “tras palpar el ánimo y tono de las asociaciones de vecinos y los trabajadores de la zona”, que todas las partes “comparten su rechazo”. El sindicato confía en que la consulta “arroje un resultado negativo” y ha anunciado acciones, además de la convocatoria de las asociaciones vecinales, para visibilizar su oposición.
El alcalde defendió la apertura del proceso para conocer la opinión ciudadana, lo que posibilitará “tomar una decisión común”. De igual forma, Martín avanzó una posible posición municipal negativa, todo precedido de que en el Ejecutivo “no creen que las circunstancias y realidades municipales puedan fundamentar esta declaración”.
La decisión final, que en todo caso deberá ser debatida por los partidos de la corporación municipal (CC, grupo de gobierno, PSOE y PP), tendrá que ser ratificada en la próxima sesión plenaria, una vez sean resueltas las alegaciones. Posteriormente, la reclamación será elevada al Gobierno autónomo de Canarias para su tramitación o paralización.
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