Catorce años después de haber finalizado su construcción, 35 viviendas sociales siguen sin recibir a un inquilino en La Camella, (Arona), uno de los municipios con mayor demanda de pisos destinados a familias con rentas bajas. Una situación enquistada por complicaciones urbanísticas y legales, derivadas de una mala gestión, que cuesta entender cómo nadie ha sido capaz de resolver hasta ahora, cuando la fila de vecinos que buscan un techo bajo el que vivir no para de crecer en el municipio de mayor población del Sur.
“Es un ejemplo más de cómo está Arona, no estamos bien, hay mucho que hacer porque hay mucho suelo bloqueado”, manifestó ayer Javier Baute, concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio, quien, una vez desbloqueado El Mojón y aprobadas las primeras licencias para construir 56 viviendas en Cho-Parque La Reina, anuncia que quiere desatascar de una vez por todas la operación urbanística fallida de La Camella. “Le he dicho a mi equipo que ese expediente hay que ponerlo sobre la mesa para trabajarlo”, insistió, al tiempo que reconoció que al Ayuntamiento le cuesta 6.000 euros mensuales la seguridad privada para evitar que las 35 casas sean ocupadas.
CÓMO EMPEZÓ TODO
El origen de esta situación se remonta a 2002, cuando el entonces Gobierno de Arona, presidido por Miguel Delgado (Coalición Canaria) firmó un convenio urbanístico con la empresa promotora del denominado Plan Parcial La Camella Baja (Wolding Estudio SL). Por ese acuerdo, esta cedía al municipio una parcela de 1.039 metros cuadrados, correspondiente al 10% de cesión obligatoria que debía percibir.
El 23 de octubre de 2006, siendo alcalde José Alberto González Reverón (CC), el Ayuntamiento de Arona suscribió con la empresa pública Visocan un convenio para la construcción de 35 viviendas de protección social dirigidas a jóvenes y el mismo número de plazas de aparcamiento. En ese acuerdo se cedió para ello la parcela anterior y la corporación asumió que removería todos los obstáculos para que el suelo quedara urbanizado y Visocan pudiera poner a disposición de los usuarios esas viviendas.
En septiembre de 2008, la Junta de Gobierno Local del Consistorio, también bajo el mandato de González Reverón, concedió la licencia urbanística para la construcción de los pisos, a pesar de que ya en esa fecha existía una advertencia del área jurídica de Urbanismo en la que se hacía constar que el plazo concedido a la promotora para urbanizar la zona había concluido en febrero de ese año sin que esto se hubiera realizado. No obstante, el grupo de Gobierno de entonces (CC) siguió adelante y concedió el permiso.
CONDENA JUDICIAL
Cuando las viviendas se terminaron, en el año 2011, y Visocan solicitó al Ayuntamiento de Arona el enganche de las casas al agua y la luz, este no se podía otorgar, puesto que, tal y como advertía el servicio jurídico, la urbanización nunca había se había completado y, por tanto, estas no podían ponerse a la venta, lo que llevó a un litigio en el que la corporación fue condenada por los tribunales al pago de casi 2,7 millones de euros de indemnización a la empresa pública Visocan.
Veintitrés años después de la firma del convenio urbanístico y catorce desde que finalizó su construcción, las 35 viviendas sociales de La Camella siguen ahí, vacías, cerradas y protegidas para evitar okupas. Y cada vez más deterioradas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento.
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