El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer dos decretos de ofertas de empleo público (OPE) para la Administración General de la Comunidad autónoma con un total de 556 plazas correspondientes a 2025, 242 para funcionarios de carrera y 314 para personal laboral fijo por acceso libre.
En la habitual rueda de prensa, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, resaltó el Ejecutivo regional ha logrado “poner al día las OPE” que había pendientes desde 2018 y, con ello, “no perder la tasa de reposición” que ha sido autorizada por el Ejecutivo central.
De las plazas ofertadas para funcionarios, 169 son de las convocatorias para el ingreso en el empleo público, por el sistema general de acceso libre, a los cuerpos, escalas y especialidades, y, en su caso, agrupaciones profesionales, de personal funcionario de carrera.
Otras 73 (el 30%) se reservan el ingreso en el empleo público, mediante una promoción interna horizontal y vertical, a los cuerpos, escalas y especialidades, y, en su caso, agrupaciones profesionales, de funcionarios de carrera.
De la misma sesión salió un decreto que cambia dos puntos de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales para impedir que la caducidad de los informes ambientales provoque la paralización de procedimientos.
El texto legislativo establece, asimismo, una modificación de la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias con el objetivo de ampliar el plazo para que estas puedan adaptar sus estatutos a esta norma. Se pretende “dar viabilidad y seguridad jurídica a los expedientes para que la pérdida de vigencia de los procedimientos ambientales no deriven en una suspensión.
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