Reclaman más recursos… y deberían llegar. La Fundación Canaria El Buen Samaritano, comprometida con la inserción social y laboral de personas en situación de riesgo de exclusión, como migrantes, mayores y mujeres víctimas de violencia machista, reclama más apoyo institucional. Así se lo hizo saber el director de la Fundación, el padre Pepe (Pepe Hernández), a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, durante la visita de la representante, ayer, a las instalaciones.
Con 160 chicos acogidos actualmente en 14 hogares de la entidad, la demanda es cada vez mayor. “Tenemos una lista de espera de más de veinte chicos”. El problema, afirma el padre Pepe, es que “hay que sostenerlos: son casas, agua, luz, hay que llevarlos a Madrid a hacer papeles de pasaporte…”. Frente a esto, sostiene que “si contamos con recursos no tenemos problemas en ampliar; pero necesitamos más apoyo institucional”.
En respuesta a estas peticiones, el Gobierno autonómico, que actualmente destina 250.000 euros a distintos proyectos de la Fundación El Buen Samaritano, asegura una “mayor financiación para este ejercicio económico”. Aunque no se ha revelado el importe exacto, la consejera de Bienestar Social aclaró que este nuevo aporte, provendrá de fondos europeos “que no se habían utilizado hasta ahora”.
Frente a las instalaciones principales de la entidad, ubicadas en el barrio de Añaza, la Delgado aclaró que este dinero de la UE “nos permitirá dar una mejor atención a jóvenes extutelados en Canarias. Algunos han venido en patera, pero otros son nacionales que se enfrentan a una situación muy difícil cuando cumplen los 18 años”. Además, valoró que “es importante darles un hogar y formación para el empleo para que puedan seguir con su proyecto de vida”.
Más de 50 inserciones laborales
Estos nuevos recursos son para el padre Pepe “una buena noticia, porque vienen incluso con carácter retroactivo”, y deberían ayudarles en su misión de inserción de los migrantes. Una labor sacrificada, no solo desde un punto de vista económico, sino muchas veces también marcada por un “estigma social” al que los cincuenta trabajadores y los numerosos voluntarios deben enfrentarse.
“Desgraciadamente todavía corren muchos bulos de que vienen poco menos que a delinquir o a quitarnos el trabajo, cuando sabemos no solo que el mercado laboral los absorbe, sino que están realizando una tarea maravillosa en el sector primario”, explica el director.
Una visión que sostiene con datos: “Solamente en el año 2025 hemos realizado más de cincuenta inserciones laborales”. Y que concuerda con las cifras anunciadas por el Ministerio de Inclusión a finales de 2025, según las cuales la tasa de inserción laboral de jóvenes migrantes no acompañados que llegan a España alcanza el 72%.
Entre los aspectos que más tiempo, dinero y esfuerzo implican en el trabajo de inserción que realiza la fundación con los migrantes se encuentran los complejos trámites administrativos necesarios para que puedan trabajar de manera legal. “Tenemos que pedir salvoconductos para que puedan viajar a la embajada de Madrid, ya que aún no cuentan con documentación oficial”, señalan. Una dificultad a la que se suman los altos precios de los billetes de avión.
Desde el Gobierno afirman tener conocimiento de esta situación y aseguran que están trabajando para que no tengan que desplazarse a la península para solicitar estos documentos. “La semana pasada mantuve una reunión con el cónsul de Senegal, precisamente para intentar que en Canarias se trasladen los trámites burocráticos de la embajada, y que puedan expedir los propios pasaportes y la documentación que necesitan”, explica Candelaria Delgado.
Se trata de unas conversaciones con el país subsahariano que la consejera valora como positivas, y de una iniciativa a la que esperan sumar países como Mauritania y Gambia.
Desde el año 2020, la crisis migratoria ha llevado a la entidad chicharrera a doblar sus esfuerzos en el acompañamiento de estos chicos llegados a Canarias en busca de un futuro digno. Al quedar fuera del sistema tras cumplir los 18 años, desde la fundación afirman haber optado por “acompañar desde el corazón estos procesos”.
Además, como explica el padre Pepe, los trámites son aún más complicados cuando no están registrados por el sistema de protección o cuando llegan justo al cumplir los 18 años.
En estos casos, “el proceso de arraigo social o socioformativo dura como mínimo dos años y medio”, un limbo administrativo en el que no disponen de autorización legal para trabajar.
Durante ese tiempo, los acompañan mediante un programa de formación práctica, un programa de promoción cultural -con una obra de teatro que incluso se ha representado en Gran Canaria- y con programas de participación en institutos para “ayudar a cambiar esa mentalidad que a veces existe por tantos bulos sobre la migración”.
“Me han reconciliado con el ser humano”
Una vez que se obtiene la autorización administrativa para trabajar, el equipo del padre Pepe cuenta con un gabinete jurídico que asegura que los papeles de los chicos estén completamente en situación regular, permitiéndoles acceder al mundo laboral, principalmente en el sector primario. Además, aseguran que “el feedback que nos devuelven suele ser que están muy contentos, son trabajadores y comprometidos”.
Todos los trabajadores y voluntarios que participaron en la visita a los numerosos talleres de la fundación -cocina, peluquería, costura- coinciden en algo: “Es un trabajo precioso”. Algunos, como el propio director, van incluso más allá llegando a reconocer que: “Ellos me han reconciliado con el ser humano”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas