La Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife atraviesa la mayor crisis de su historia reciente. Ya no se trata de una disputa interna ni de una polémica deportiva: se trata de un procedimiento penal en marcha, con un presidente investigado, una jueza que aprecia indicios de delito y una acusación particular que reclama cárcel.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha sido claro: existen indicios racionales de apropiación indebida y administración desleal en el uso de tarjetas bancarias de la Federación. Con ese argumento, la magistrada ha rechazado archivar la causa y la ha enviado a procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral.
Casi al mismo tiempo, varias entidades deportivas han formalizado un escrito de acusación demoledor, en el que piden para el presidente federativo, Alejandro Morales Mansito, seis años de prisión, inhabilitación para cargos deportivos, multa económica y la devolución íntegra del dinero presuntamente desviado.
Tres años de cargos continuos
El núcleo del caso está en el uso de tarjetas corporativas vinculadas a cuentas de la Federación. Morales Mansito accedió a la presidencia en junio de 2022. Dos meses después activó su primera tarjeta. A partir de ahí, según la investigación judicial, comenzó un patrón de gastos que se prolongó hasta abril de 2025.
El resultado: 63.024,02 euros cargados a la Federación en algo más de tres años. El reparto anual revela una progresión clara: 7.027 euros en 2022; 28.140 euros en 2023; 23.371 euros en 2024 y 4.485 euros en los primeros meses de 2025.
Todas esas cantidades fueron imputadas casi en exclusiva como “gastos de representación”. Sin embargo, para la jueza, existen indicios de que se realizaron “con fines ajenos a dicha actividad representativa”. Para la acusación, directamente, se trató de un uso personal y sistemático de fondos federativos.
Más de mil operaciones
La acusación cuantifica en más de mil las operaciones efectuadas con las tarjetas. Pagos en restaurantes, comercios y otros establecimientos, muchos de ellos próximos al domicilio del presidente. Gastos casi diarios, continuados en el tiempo, y siempre con cargo a cuentas de una entidad que, aunque privada, ejerce funciones públicas delegadas.
Los querellantes sostienen que Morales Mansito utilizó las tarjetas “como si fueran propias”, pese a ser únicamente depositario de fondos ajenos, y sin someterse a ningún sistema real de control.
El único que no rendía cuentas
Uno de los pilares del caso es la comparación con el resto de directivos. La Federación concedió tarjetas prepago a varios responsables: tesorero, administradora, vicesecretario general y presidente del Comité de Árbitros. Todos ellos, según consta en la causa, presentaban formularios internos, liquidaciones y memorias explicativas. Solo uno no lo hacía: el presidente.
Testigos clave lo confirmaron ante el juzgado. La administradora general declaró que Morales Mansito era el único que no utilizaba ningún formulario de justificación. El tesorero explicó que todos habían sido advertidos de que los gastos debían documentarse. Y el vicesecretario detalló la existencia de un manual interno de procedimientos económicos. El presidente, en cambio, se limitaba a entregar tickets sueltos, sin explicación ni documentación acreditativa de la finalidad federativa.
La auditoría ya había levantado alertas
Incluso, dentro del control limitado de una auditoría externa, saltaron las alarmas. La auditora de la Federación declaró que, en un muestreo aleatorio de gastos de representación de 2023, solicitó justificantes de dos cargos -uno de ellos del presidente- y no obtuvo facturas ni respaldo válido.
La jueza subraya que la auditoría no revisa exhaustivamente cada gasto, pero considera significativo que incluso así aparecieran pagos sin justificar, reforzando los indicios de irregularidad.
El auto judicial añade un dato especialmente relevante: Morales Mansito fue vicepresidente de la comisión gestora de la Real Federación Española de Fútbol entre 2023 y 2024. En ese ámbito, según declaró un testigo, sí existían normas estrictas para justificar gastos y controlar el uso de tarjetas. Para el juzgado, esto apunta a que el presidente tinerfeño conocía perfectamente los sistemas de control económico, lo que refuerza el reproche indiciario a su conducta.
Documentos que aparecieron después
El escrito de acusación introduce un elemento que agrava aún más el relato. Tras la denuncia y el requerimiento judicial, la Federación remitió al juzgado resúmenes, listados y supuestas memorias justificativas que, según los querellantes, no existían antes. Esos documentos habrían sido elaborados ad hoc meses después de iniciarse la investigación, bajo la presidencia efectiva del propio acusado, con la finalidad de aparentar una justificación previa. Para la acusación, este hecho evidencia una instrumentalización de la entidad y el uso de sus medios para construir la defensa del presidente.
Seis años de prisión e inhabilitación
Las peticiones son contundentes: seis años de cárcel, inhabilitación para dirigir entidades deportivas, multa, devolución de los 63.000 euros, imposición de fianza y suspensión cautelar inmediata del presidente mientras dure el proceso.
Los acusadores sostienen que su permanencia en el cargo supone un riesgo para la integridad de la prueba, la independencia de los empleados y la propia credibilidad institucional de la Federación.
Tanto el auto como la acusación coinciden en un punto clave: el perjuicio no es solo económico. Hablan de daño reputacional severo para una entidad que gestiona una de las principales actividades sociales y deportivas de la Isla.
Con la causa ya encaminada hacia el juicio y con acusación formal sobre la mesa, el fútbol tinerfeño entra en un escenario inédito. Su máximo dirigente, señalado por la Justicia, afronta un proceso que amenaza con sacudir los cimientos de la Federación y con marcar un antes y un después en el deporte canario.
Claves del caso
El escándalo de las tarjetas en la Federación de Fútbol de Tenerife
En el centro de la investigación.
Alejandro Morales Mansito, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife desde junio de 2022 y máximo responsable de la gestión económica de la entidad.
Qué investiga la Justicia.
El uso de tarjetas bancarias corporativas de la Federación para realizar cargos que, según la jueza, presentan indicios de apropiación indebida y administración desleal. El juzgado ha rechazado archivar la causa y la ha enviado a procedimiento abreviado, paso previo al juicio penal.
Cuánto dinero está bajo sospecha.
63.024,02 euros cargados a la Federación entre 2022 y 2025.
Desglose anual:
• 2022: 7.027,64 euros
• 2023: 28.140,34 euros
• 2024: 23.371,04 euros
• 2025: 4.485 euros
Todos fueron imputados casi en su totalidad como “gastos de representación”.
Más de mil cargos con tarjetas federativas.
La acusación cifra en más de 1.000 operaciones los pagos realizados: restaurantes, comercios y otros establecimientos, muchos cercanos al domicilio del presidente. Los gastos se habrían producido de forma continua y casi diaria durante más de tres años.
La auditoría detectó cargos sin respaldo.
La auditora externa declaró que, en un muestreo aleatorio de 2023, pidió justificantes de dos gastos —uno del presidente— y no recibió documentación válida. La jueza considera este dato relevante para apreciar indicios de irregularidad.
Los documentos que aparecieron después de la denuncia.
La acusación sostiene que, tras el requerimiento judicial, se elaboraron resúmenes y supuestas memorias justificativas que no existían antes, confeccionadas meses después para aparentar normalidad contable. Habla de instrumentalización de la Federación para construir la defensa del presidente.
Qué delitos se le atribuyen.
• Delito continuado de apropiación indebida
• Alternativamente, administración desleal
Ambos con agravantes por abuso de confianza y cuantía superior a 50.000 euros.
Qué penas se piden.
La acusación particular solicita:
• 6 años de prisión
• Inhabilitación para dirigir entidades deportivas
• Multa económica
• Devolución íntegra del dinero
• Imposición de fianza superior a 75.000 euros
• Suspensión cautelar del cargo mientras dure el proceso.
Por qué el caso es especialmente grave.
Porque afecta al máximo dirigente del fútbol tinerfeño y a una entidad que ejerce funciones públicas delegadas. La jueza y la acusación hablan no solo de perjuicio económico, sino de daño reputacional severo a la Federación.
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