Varias zonas de la capital han aparecido cubiertas de carteles en los que se relata, anónimamente, la situación laboral de las casi 300 trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
En dichos panfletos destaca en color rojo que “el mal uso del Servicio de Ayuda a Domicilio está provocando un caos” y, a continuación, explica el papel que desempeñan las auxiliares.
En este sentido, indica que son trabajadoras de atención sociosanitaria, entre cuyas funciones está evitar que las personas con dependencia tengan que ingresar en centros residenciales, dar apoyo en sus tareas diarias, acompañarlas para evitar la soledad, promover su autonomía y evitar ser excluidas socialmente, ayudarlas en el aseo, tanto en cama o con movilidad reducida, así como realizar compras, cocinar o controlar la medicación, entre otras.
No obstante, puntualizan que estas trabajadoras “no son limpiadoras ni empleadas del hogar”, sino técnicos en la atención de la dependencia en los domicilios. “No atienden a las personas que conviven con los usuarios y únicamente cocinan para estos. No hacen limpiezas generales, sino un mantenimiento del entorno del dependiente, y no restan responsabilidad a los familiares, sino que colaboran para aliviar la carga de los cuidados”.
Asimismo, el escrito, que además se acompaña de una información publicada en DIARIO DE AVISOS, alerta de que “existen muchos usuarios que están utilizando este servicio para limpiezas de sus hogares, aprovechando el tiempo concedido para aseo y atención personal únicamente para limpiar”.
Añade que se busca que la población “sea consciente del abuso que muchas personas ejercen hacia un servicio público y hacia las propias auxiliares”, debido a “la dejadez y poco control que ejerce la concejalía de Políticas Sociales”. Por ello, concluye que “ante la dura y triste realidad de un servicio social debemos exigir que se tomen medidas para que sea justo para quienes lo necesitan”.
La campaña se suma al reciente anuncio del comité de empresa del SAD, que declaró un conflicto ante la situación “insostenible” de este recurso por “la dejación de funciones, falta de control y mala gestión del Ayuntamiento”. Por ello, no descarta iniciar movilizaciones o acciones legales para exigir la “atención a las personas dependientes, rehenes de la inacción institucional”.
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