La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una resolución sin precedentes que pone el foco en el uso ético de las nuevas tecnologías.
El tribunal ha impuesto una multa de 420 euros a un abogado tinerfeño tras detectar que introdujo hasta 48 citas de jurisprudencia falsas en un recurso de apelación, todas ellas generadas mediante una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) generalista.
La sanción responde a una actuación contraria al deber de veracidad y a las reglas de la buena fe.
Según el auto, el letrado utilizó esta tecnología para fundamentar un recurso contra un fallo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, incluyendo sentencias del Tribunal Supremo e informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, en realidad, no existían.
El error fatal: falta de supervisión humana
La trampa fue descubierta por la documentalista del TSJC al verificar que ninguna de las referencias aportadas coincidía con resoluciones reales.
El tribunal es tajante: el abogado no sometió a “revisión ni verificación alguna” los datos de salida de la herramienta. “No contrastó que los números de sentencia, las fechas y los identificadores existieran efectivamente”, señala el auto del que es ponente el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado.
Desde la Sala se insiste en que el profesional no consultó las bases de datos de acceso universal y gratuito, como el Cendoj, lo que supone una “quiebra del deber básico de supervisión humana”. Este principio se considera el eje vertebrador en el ejercicio de la abogacía cuando se emplean sistemas digitales asistenciales.
Una multa “ejemplarizante”
Para calcular la cuantía de la multa, el TSJC ha aplicado un criterio curioso y pedagógico. Los 420 euros equivalen a la mitad del coste anual de una suscripción a una herramienta de IA específicamente jurídica. El tribunal enfatiza que, de haber usado un software profesional y no uno gratuito o generalista, probablemente se hubiera evitado este “lamentable resultado”.
A pesar de la gravedad, la Sala ha valorado el arrepentimiento sincero del letrado, quien admitió los hechos de forma expresa una vez fue descubierto el fraude. No obstante, el TSJC ha dado traslado del expediente al Colegio de Abogados correspondiente para que se depuren posibles responsabilidades disciplinarias adicionales.
Polémica por la filtración de la identidad del abogado
El caso ha generado un intenso debate en los foros jurídicos de las Islas. El abogado alegó que la difusión de la noticia por parte de la Oficina de Comunicación del TSJC permitió que otros colegas le identificaran a través del Número de Identificación General (NIG), lo que le ha provocado “comentarios y burlas” en grupos profesionales.
Sin embargo, el tribunal ha defendido la gestión informativa, aclarando que la sentencia se difundió debidamente seudonimizada mediante Kendoj, la herramienta de IA homologada por el CGPJ.
El hecho de que se pudiera localizar la sentencia original mediante el identificador es, según el auto, una consecuencia de la estructura del sistema y no una irregularidad.
Este caso marca un hito en la Justicia de Canarias, recordando a los profesionales que la IA debe ser una ayuda asistencial y nunca una herramienta decisoria que sustituya el rigor y la diligencia debida.
3 claves para entender esta sanción inédita en Tenerife
Para comprender la relevancia de este auto del TSJC, hay tres puntos que marcan un antes y un después en la jurisprudencia canaria sobre tecnología:
- El “pecado” de la IA generalista: El tribunal subraya que el abogado no usó una herramienta jurídica profesional (que filtra bases de datos reales), sino una IA generalista. Estas herramientas, al buscar coherencia lingüística por encima de la veracidad, tienden a lo que técnicamente se llama “alucinaciones”, inventando leyes y sentencias que suenan reales pero no existen.
- El criterio del “precio de mercado”: La multa de 420 euros no es una cifra al azar. Representa la mitad de lo que cuesta una suscripción anual a una IA jurídica seria. Es un mensaje directo del tribunal: “Si hubiera pagado por la herramienta adecuada, no estaría aquí”.
- 3. La supervisión humana es “indeclinable”: La Justicia no prohíbe el uso de la IA, pero deja claro que el abogado es el último responsable. El deber de verificar que una sentencia existe (buscándola en el Cendoj, por ejemplo) no puede delegarse en una máquina.
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