El colectivo ecologista Turcón ha denunciado un “fracaso estructural” en la gestión recaudatoria de varias consejerías del Gobierno de Canarias, que habría dejado de cobrar más de 17,2 millones de euros en sanciones por la prescripción de infracciones urbanísticas y medioambientales, y ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid que investigue los hechos.
En un comunicado, la asociación ambientalista ha indicado este sábado que estas cifras se recogen en el último informe oficial de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que advierte “deficiencias graves y reiteradas en la gestión de las sanciones: anulaciones improcedentes y cancelaciones injustificadas, pagos indebidos y ausencia sistemática de control del proceso recaudatorio, con indicios claros de perjuicio al erario público”.
Turcón ha declarado que ha habido “un fracaso” a lo largo de los últimos años en la imposición de sanciones, tanto a empresas como a particulares, en relación a infracciones urbanísticas y ambientales, en el sentido en que muchas de las multas han prescrito o están en riesgo de hacerlo “por falta de seguimiento y ejecución”.
“Esto supone una pérdida directa de dinero público, que por ley debía destinarse a la protección, restauración y mejora del medio natural en Canarias”, ha aseverado.
A su juicio, “la falta sistemática de cobro de las sanciones y la nula efectividad del sistema sancionador propician una impunidad de los infractores y permite que las multas se acumulen sin ejecutarse, ni se adopten medidas de restitución de la legalidad vulnerada, con graves consecuencias para el territorio y el medio ambiente canario”.
El colectivo ecologista ha indicado que no son errores puntuales sino “un problema estructural sostenido durante años” en el que “se pierden millones, no se restaura el daño ambiental y se transmite un mensaje de impunidad”.
“Esto es un fracaso político, directivo, ejecutivo y administrativo a la vez, en la servidumbre de la dejación de funciones, y otras consideraciones delictivas como: administración desleal del patrimonio público, prevaricación administrativa por omisión y malversación en su modalidad de gestión desleal”, ha sentenciado.
Por estos motivos, indica que ha procedido a solicitar al Ministerio Fiscal que lleve a cabo las investigaciones correspondientes
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