Lo que debía ser una transición ordenada hacia la seguridad vial se ha convertido en un laberinto burocrático. Tras la entrada en vigor de la normativa que obliga a todos los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) a contar con registro y seguro, el sistema ha colapsado. La DGT ha reconocido oficialmente la existencia de problemas técnicos en su sede electrónica, justo cuando miles de ciudadanos intentan regularizar su situación para evitar sanciones.
Desde finales de enero, momento en el que el BOE ratificó la medida, los propietarios de patinetes eléctricos han iniciado una carrera contrarreloj. Sin embargo, la plataforma digital de Tráfico no ha estado a la altura de la demanda. La Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal ya ha reportado cerca de un centenar de incidencias críticas que afectan directamente a la seguridad jurídica de los conductores urbanos.
El “error de carga infinita”: te cobran, pero no te registran
La denuncia más grave llega de la mano de expertos como Gorka Pradas, miembro de la Federación, quien alerta de un fallo sistémico en la pasarela de pagos. Muchos usuarios completan el formulario, realizan el pago de las tasas correspondientes, pero el sistema entra en un bucle de “carga infinita”. El resultado es desolador: el dinero sale de la cuenta bancaria, pero el ciudadano no recibe ni el justificante, ni la matrícula, ni la confirmación por correo electrónico.
Este vacío documental deja a los propietarios en una situación de ilegalidad involuntaria. “Para el cobro no hay problemas, pero el ciudadano se queda desamparado y sin pruebas ante un agente de movilidad”, denuncian desde las asociaciones de usuarios.
¿Multas o moratoria? La incertidumbre en los ayuntamientos
La aplicación de la ley está siendo desigual en el territorio nacional. Mientras municipios como Logroño han decidido paralizar las denuncias y centrarse en una labor informativa ante la evidencia del fallo estatal, otras localidades mantienen la presión sancionadora.
El problema se agrava porque muchos ayuntamientos denuncian que ni siquiera tienen acceso a la base de datos de la DGT para verificar si un usuario está en proceso de registro o si ha sido víctima del error informático. Aunque el Gobierno ha sugerido una moratoria técnica, la última palabra la tienen las fuerzas de seguridad, quienes legalmente conservan la potestad de multar a todo aquel que no circule con los papeles en regla.
La respuesta de la DGT
Ante la avalancha de quejas, la Dirección General de Tráfico ha admitido que la celeridad con la que se ha implementado la medida ha provocado el colapso de sus servidores. Aseguran estar trabajando de forma urgente para solventar las incidencias, pero no han dado una fecha concreta para la estabilización del servicio.
Mientras tanto, se recomienda a los usuarios conservar cualquier captura de pantalla o justificante bancario que acredite el intento de registro para tratar de eludir una posible sanción en las grandes ciudades, donde el control sobre los patinetes eléctricos es cada vez más estricto.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas