El Gobierno de Canarias ultima una nueva normativa sobre los juegos y apuestas que introduce un instrumento de planificación único para ordenar el sector en las islas. El Consejo de Gobierno ha acordado este lunes remitir al Parlamento el proyecto de decreto, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad jurídica y endurecer los controles de acceso a los menores.
A partir de la entrada en vigor de esta norma, todos los salones recreativos y de juegos de la comunidad autónoma deberán contar obligatoriamente con un servicio de admisión. Este control físico tendrá la misión de impedir el acceso de menores de edad a las zonas donde se desarrolle la práctica del juego, garantizando una supervisión óptima de los riesgos derivados de esta actividad.
Veto indefinido en el Registro de Prohibidos
Una de las novedades más destacadas de la norma afecta al Registro de Prohibidos de Acceso al Juego. Con el fin de proteger a los colectivos más vulnerables, el nuevo decreto modifica el reglamento de homologación para establecer que la inscripción en este registro tendrá carácter indefinido, un plazo que hasta ahora no estaba contemplado.
Esta medida se aplicará tanto en supuestos de autoprohibición como en prohibiciones solicitadas por terceros con interés legítimo sobre el patrimonio del afectado. No obstante, la norma prevé que, una vez transcurridos seis meses desde la inscripción, se pueda proceder a la cancelación de la misma si el interesado así lo solicita.
Planificación y protección de la infancia
La nueva planificación tendrá una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de prorrogarse por otros cinco en función de criterios poblacionales, socioeconómicos y geográficos. Además, el texto revisa el Reglamento de Máquinas Recreativas de 2012 para actualizar la normativa a la realidad actual del sector y mejorar la gestión administrativa.
Este decreto complementa la Ley 2/2025, de 26 de junio, que ya introdujo medidas urgentes para la protección de la infancia, tales como:
- La limitación de la concentración de locales de juego.
- La regulación de las distancias mínimas respecto a centros educativos.
- La ampliación de la edad de protección desde los 6 años.
Con esta reforma, el Ejecutivo autonómico busca equilibrar la seguridad de los usuarios ante los riesgos del juego con la delimitación clara de las condiciones para los empresarios que operan en el mercado canario.
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