Millones de niños en todo el mundo crecen hoy en contextos marcados por conflictos y desigualdades que ponen en riesgo su desarrollo y su futuro. En Canarias, datos como el de la pobreza infantil –cuatro de cada diez niños viven en riesgo de pobreza o exclusión social– demuestran que, pese a encontrarse en un país avanzado, garantizar el bienestar de la infancia sigue siendo una asignatura pendiente.
A su vez, la crisis migratoria ha traído hasta nuestro territorio a muchos menores que, tras dejarlo todo atrás, se encuentran en las Islas en situaciones de vulnerabilidad social, económica y psicológica.
Para observar de cerca estos y otros desafíos, y tras asumir el cargo de presidenta de Unicef España en febrero, María Ángeles Espinosa Bayal, estuvo esta semana en Gran Canaria y Tenerife, donde visitó instituciones como el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y se reunió con autoridades locales para avanzar en la urgente misión que guía su labor: la defensa, garantía y protección de los derechos de los menores.
-Estos días se encuentra en las Islas para conocer de cerca el trabajo con la infancia. ¿Qué valoración hace de esta visita?
“La valoración es tremendamente positiva. Hemos tenido una agenda muy completa que me ha permitido ver el trabajo que se realiza desde distintos niveles de la administración. Creo que hay una perfecta sintonía entre el trabajo que desarrolla el comité de Unicef en Canarias y las instituciones públicas, que muestran buena receptividad hacia nuestras peticiones y demandas. Nuestro papel no es otro que reclamar el cumplimiento de los derechos de la infancia. En las Islas estamos atentos a asuntos como la pobreza infantil, la atención a menores migrantes, y asegurar que los traslados se cumplan con garantías. Pero hay buena disposición por parte de la administración y un trabajo sistemático y riguroso del comité de Unicef en Canarias que me deja muy satisfecha”.
-Menciona la acogida de menores migrantes, uno de los principales retos que enfrenta Canarias. ¿Cuál debe ser la prioridad en la protección de estos niños y adolescentes?
“La prioridad es garantizar su interés superior en cualquier circunstancia, tanto si se les atiende directamente en Canarias como si deben ser evaluados para un traslado a otra comunidad autónoma. Por eso insistimos sistemáticamente en que la administración canaria debe evaluar de manera individual a todos los niños, considerando su opinión en las decisiones que se tomen sobre ellos”.
-¿Cree que el sistema de reparto de menores migrantes entre comunidades está garantizando el interés del menor?
“Debería garantizarlo. En caso de que se realice un traslado a otra comunidad, este debe hacerse con las máximas garantías, asegurando que la comunidad receptora cumpla con todos los derechos del niño o la niña en su nueva ubicación. No se puede realizar un traslado si no hay un informe psicosocial que evalúe la situación y determine si se respeta el interés superior del niño. Ese es el procedimiento, el protocolo que hay que seguir y la exigencia que Unicef reclama para todos los niños y niñas migrantes no acompañados que puedan ser trasladados a la península”.
-Hemos visto mucho ruido político sobre el reparto de menores migrantes, y algunas comunidades autónomas han adoptado posturas más cerradas. ¿Cómo valora usted esas posturas?
“Para nosotros lo importante es que, ante una situación de contingencia migratoria, se haya dado una respuesta para atender a los niños, aunque no siempre haya sido fácil articularla”.
-Vivimos un aumento de bulos y discursos de odio hacia estos menores. ¿A qué cree que responde esta situación?
“Hay un tema muy importante que tiene que ver con la percepción que la ciudadanía tiene sobre quiénes son los niños: si son nuestros, si son de aquí o de allí. Es necesario un cambio cultural para que la ciudadanía, tanto española como canaria, asuma que los niños son un recurso de todos. Todos los adultos tenemos responsabilidad y debemos ejercerla para garantizar el bienestar infantil. Solo así se podrán erradicar los comportamientos racistas y xenófobos. En muchas ocasiones, los niños y niñas pueden ser víctimas de discriminación precisamente porque no se reconoce que su bienestar es una responsabilidad compartida de todos los ciudadanos”.
-Señalaba antes otro de los principales problemas que afectan a la infancia aquí en Canarias, que es la pobreza infantil, con un dato que habla por sí solo: cuatro de cada diez niños están en riesgo de pobreza o exclusión. ¿Cómo se explica que en un territorio europeo tengamos estas cifras?
“España es un país que está a la cola de los países de la OCDE en términos de pobreza infantil. Solo nos superan con cifras más altas Malta y Rumanía. Es inexplicable que en un país rico tengamos tasas de pobreza infantil tan altas. En el caso de Canarias, la cifra supera considerablemente la media nacional, lo que convierte este problema en urgente y debería ser una prioridad absoluta. Atender a estos niños es esencial porque las carencias y vulneraciones de derechos que sufren pueden dejar secuelas físicas, cognitivas, afectivas y sociales muy difíciles de eliminar a lo largo de toda su vida”.
-¿Qué medidas considera que se deberían tomar urgentemente para abordar esta situación?
“Las medidas deben combinar acciones de carácter estatal y autonómico. Por ejemplo, la prestación universal por crianza que contempla una cuantía de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años, recientemente anunciada por el Consejo de Ministros, es una medida estatal que debe implementarse con recursos económicos inmediatos para solventar la situación de miles de niños y niñas en todo el país. Esto debería complementarse con acciones de las comunidades autónomas, como la Renta Canaria de Ciudadanía, orientada a familias con hijos a cargo. Se deben aportar medidas específicas ya que hemos observado que la pobreza infantil no se reduce sistemáticamente cuando se ha reducido la pobreza de los adultos”.
-Explica que la pobreza infantil no siempre avanza al mismo ritmo que la de los adultos.
“Efectivamente, en España, en los últimos años se ha reducido la pobreza en distintos sectores de la población adulta, como mujeres viudas y familias monoparentales, pero los niveles de pobreza infantil han ido en aumento. Esto se debe a varias razones. Una de ellas es que España invierte relativamente poco en políticas públicas de atención a la infancia y a la familia, aunque en los últimos años ha habido un aumento considerable de la inversión. Otro motivo es que la mayoría de las medidas adoptadas son de carácter fiscal y no universal, por lo que no se orientan específicamente a los sectores de la población con mayores necesidades. Por eso, las medidas no son tan eficaces como deberían y no logran reducir la pobreza infantil; incluso en algunos casos esta puede aumentar”.
-Los problemas de salud mental en niños y adolescentes son cada vez más preocupantes. ¿Qué señales o malestares le inquietan más?
“Cuando hablamos de un aumento de los problemas de salud mental, realmente estamos hablando de una serie de circunstancias sociales, culturales y económicas que rodean a la infancia y que hacen que estén aumentando lo que llamamos los malestares psicológicos. Esa idea de compararse sistemáticamente con los modelos de referencia, con el éxito social, con situaciones complicadas desde el punto de vista económico por las que pasan las familias y demás. Esos malestares, han crecido especialmente después de la pandemia. Si son detectados a tiempo y, sobre todo, si se trabaja para prevenirlos, pueden ser un modelo de actuación muy adecuado. El problema es cuando esos malestares ni se detectan ni se previenen y se van cronificando, y entonces sí pueden acabar cursando en trastornos mentales graves, en trastornos mentales con un diagnóstico clínico claramente definido”.
-También en materia de salud mental, los menores migrantes se encuentran en una situación especialmente vulnerable por todo lo que han dejado atrás, el tránsito que han vivido y la llegada a un entorno desconocido. Unicef ha puesto en marcha unidades móviles en Canarias y otras comunidades para brindar apoyo. ¿Por qué ha sido necesaria esta medida?
“No se puede esperar seis meses o un año a que un niño migrante tenga una consulta de salud mental por trastornos del sueño, de la alimentación, miedos, angustia o depresión. Este tipo de recurso permite aligerar el sistema y realizar una detección temprana, derivando a los niños a un recurso más especializado si es necesario. La experiencia, que se está llevando a cabo en colaboración con el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud a través del Comité de Canarias de Unicef mediante la implementación de unidades móviles de atención psicosocial a la infancia migrante, es magnífica. Lo que pone de manifiesto, en primer lugar, es cómo se puede colaborar en algo poco frecuente, que es la coordinación a nivel estatal y autonómico, y sobre todo cómo se puede trabajar desde la prevención y la detección temprana, especialmente en un sistema de salud mental saturado”.
-¿Cómo valora el impacto de las redes sociales en los menores, en cuanto a su autoestima y desarrollo emocional?
“El impacto de las redes sociales sabemos que puede ser bastante dañino en el caso de niños y niñas con determinadas características. Esa imagen idealizada de lo que es la vida, del cuerpo, de las relaciones sociales o de pareja se ha demostrado, según distintos estudios, que puede generar efectos negativos. Nosotros publicamos en noviembre un estudio muy completo sobre infancia, adolescencia y bienestar, que trabajó con una muestra de 100.000 niños y niñas de todas las comunidades autónomas. En ese estudio se pone de manifiesto claramente que las redes sociales pueden afectar la autoestima, el autoconcepto, las relaciones sociales y las relaciones emocionales. Por eso es tan importante, primero, educar a los niños en un uso seguro y responsable de las redes; y segundo, detectar cuando esa educación no ha sido suficiente para prevenir que ocurran cosas que puedan desembocar en problemas o situaciones más graves”.
-Una de las medidas que propone el gobierno es elevar a los 16 años la edad legal para acceder a ciertas redes sociales. ¿Cree que la solución pasa por la regulación o por la educación?
“A ver, la regulación siempre ayuda porque establece un marco de referencia a partir del cual se pueden fijar determinados límites, pero la prohibición no es la solución de ningún problema. Es como coloquialmente se dice, poner puertas al campo. Es prácticamente imposible prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, porque siempre habrá formas de esquivar esa prohibición. Está bien que exista regulación que obligue a las plataformas a cumplir ciertos requisitos y mecanismos eficaces de determinación de la edad, pero lo más necesario es educar: educar a los niños en un uso seguro, sano y responsable de las redes sociales; educar a las familias para que comprendan su papel como modelos y como alternativas al uso de las redes; y educar al profesorado para que ofrezca alternativas que permitan utilizar internet como herramienta de estudio, trabajo y aprendizaje, no solo como entretenimiento o interacción social. Las redes sociales forman parte de la vida de los niños y es prácticamente imposible eliminarlas. Por eso, lo sensato es optimizar su uso y educar para un uso adecuado. La prohibición nunca garantiza que la conducta que se quiere eliminar se extinga”.
-Si miramos al futuro, ¿qué tres prioridades marcarán su nueva etapa al frente de Unicef España?
“Coinciden con lo que hemos estado hablando: pobreza infantil, salud mental y protección a la infancia migrante. Todo esto atravesado de manera transversal por la participación infantil, que es la seña de identidad de Unicef.
-Para cerrar, hemos hablado de salud mental de los jóvenes. Usted lleva años implicada en la defensa de los derechos de la infancia, una labor exigente que en muchas ocasiones implica enfrentarse a situaciones difíciles. Imagino que, además de cuidar a los demás, también es importante cuidarse a uno mismo.
“Bueno, no hay esfuerzo, trabajo o desvelo que no se vea compensado con la sonrisa de un niño…”.
Una vida al servicio de la protección y defensa de la infancia
La trayectoria de la nueva presidenta de Unicef España, María Ángeles Espinosa Bayal, ha estado siempre profundamente marcada por la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia. Doctora en Psicología, especializada en el desarrollo evolutivo y la protección del menor, y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, se sitúa al frente de la agencia como una experta técnica y científica en la materia. Además, antes de su nombramiento el pasado mes de febrero, había sido miembro del Patronato de la organización desde 2012 y de su Comisión Permanente desde 2017. La protección de los niños y niñas supone, sin embargo, un trabajo arduo y en ocasiones frustrante, más aún en un contexto internacional marcado por la vulneración de sus derechos y por posturas políticas deshumanizadas. Pese a ello, su determinación se mantiene intacta. “Lo que me motiva para continuar luchando por esta labor es que no hay causa más noble que la infancia” afirma. Así, reconoce que “es un regalo tener la oportunidad de poner todo mi conocimiento y trabajo al servicio de la misión más valiosa que existe para mí”.
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