La política de movilidad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha desatado en El Médano la polémica vecinal. Un consejo de barrio convocado en sesión extraordinaria el pasado lunes, a petición de los propios residentes (a través de firmas y al amparo del reglamento de participación ciudadana), reunió a cerca de 150 personas y dejó en evidencia la profunda brecha entre el proyecto municipal y la voluntad del vecindario.
La reunión contó con la presencia de la concejala, Adaisy Arias (Vox), y el edil de Obras Públicas, Marcos Antonio Rodríguez (PP). Este último tomó la palabra para exponer el alcance del proyecto del carril bici y su encaje dentro de un paquete de actuaciones más amplio que incluye la implantación de una zona de bajas emisiones y la futura peatonalización del casco antiguo.
Rodríguez subrayó que el conjunto de medidas fue aprobado por unanimidad del pleno municipal y está vinculado a financiación europea, lo que, según advirtió, “obliga a su ejecución para evitar la devolución de subvenciones”.
Uno de los puntos de mayor tensión fue la disparidad de cifras sobre los aparcamientos eliminados. El Ayuntamiento habla de 56 plazas; vecinos que realizaron “mediciones propias” situaron esa pérdida en “más de 200 a lo largo de todo el trazado”.
Frente al malestar, el grupo de gobierno defendió las medidas paliativas que está llevando a cabo: la proyección de dos aparcamientos modulares, la habilitación de nuevas plazas en la zona de El Cabezo (donde se han pintado estacionamientos paralelos al propio carril) y el uso del solar previsto para el futuro centro de mayores como zona de aparcamiento provisional.
Además, el Consistorio se encuentra a la espera de la cesión de solares en la entrada del núcleo para su uso como estacionamientos disuasorios, una solución que queda supeditada a la autorización del Cabildo de Tenerife.
Ante todo ello, la vicepresidenta de la asociación de empresarios de El Médano, Mariela Casanova, expresó que, en su totalidad, “se tratan de soluciones que llevan años anunciándose, sin que ninguna se haya materializado”.
El debate adquirió una dimensión jurídica relevante cuando varios vecinos pusieron sobre la mesa la posible inseguridad legal del proyecto. El argumento central es que el carril bici entraría en funcionamiento “sin que aún exista una ordenanza municipal específica que regule su uso”. El Ayuntamiento ha iniciado recientemente la tramitación mediante una consulta pública.
Como consecuencia, algunos vecinos anunciaron su intención de emprender acciones por la vía administrativa, instando al Consistorio a una revisión de oficio del proyecto.
El impulso para dar continuidad al trazado, tal como trasladó el edil popular, y la falta de adjudicación de varias fases del tramo ciclable hacia Montaña Pelada y su conexión con el núcleo anticipan que el conflicto está lejos de cerrarse.
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