Canarias reclamó ayer, junto a Madeira, Azores y los departamentos franceses y la colectividad de ultramar, flexibilidad en la aplicación del sistema de comercio de emisiones al transporte marítimo, al entender que está perjudicando la competitividad y conectividad de sus puertos frente a terceros países.
El objetivo es obtener un tratamiento diferenciado que reconozca la “excepcionalidad” de regiones como Canarias, marcada por su “lejanía e insularidad”, declaró el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez.
“No hay un entendimiento claro” de lo que son estas regiones y “ese es nuestro principal reto”, declaró a prensa la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, tras dos días de reuniones en Bruselas.
Esa “incomprensión” ha llevado a los puertos canarios de Tenerife y Las Palmas a asociarse con los territorios franceses de Guadalupe, Martinica, Guayana, San Martín, Reunión y Mayotte y con las portuguesas de Azores y Madeira para “hacer frente común” ante la revisión del ETS prevista para julio.
El sistema europeo de comercio de emisiones aplicado al transporte marítimo obliga desde 2024 a las navieras que operan en puertos de la UE a pagar derechos de CO2 por parte de las emisiones de sus trayectos. El mecanismo cubre el 100% de las emisiones en rutas entre puertos europeos y el 50% en trayectos entre la UE y terceros países, un coste que “está incentivando el desvío de tráficos hacia enclaves no comunitarios del norte de África o Reino Unido” que no aplican esas mismas tasas.
“Nos está haciendo perder competitividad y conectividad; fundamentalmente, en las islas Canarias”, expresó Suárez. “Pero también afecta a otros puertos de distintas naciones de la UE. Hemos creado esta asociación para presionar en la Unión Europea para que conozcan nuestra realidad, que en muchísimas ocasiones que hemos venido aquí es totalmente desconocida”.
Canarias importa el 85% de los productos que consume, casi todo por barco, por lo que cualquier medida que “venga a penalizar” ese tráfico marítimo supondrá un “encarecimiento de la vida” en el Archipiélago, sostienen sus gestores portuarios. “Incluso podemos llegar a tener el riesgo de que las cosas no lleguen a nuestros puertos, que se deslocalicen, que las compañías navieras, los armadores, decidan dejar nuestra mercancía en puertos donde no se pagan, por ejemplo, las ETS”, abundó la responsable grancanaria. “Salimos preocupados”, comentó Calzada.
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