En las últimas semanas, la política migratoria europea ha confirmado un cambio de rumbo marcado por el endurecimiento de las normas de acogida. La entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, así como la aprobación el pasado miércoles del texto legal del Reglamento de Retornos -que contempla la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países- suponen la consolidación de un nuevo enfoque basado en el control, la disuasión y la agilización de las expulsiones. Frente a este escenario, Accem, entidad responsable en Canarias de la gestión de infraestructuras como el Centro de Las Raíces, en Tenerife, denuncia la “estigmatización y criminalización” que, a su juicio, generan estas normas, e insta al Gobierno estatal a mitigar su impacto mediante un plan de acción que garantice los derechos humanos de las personas migrantes.
Así lo manifestó la organización durante un acto celebrado ayer con motivo de su quinto aniversario en el Archipiélago y en vísperas del Día Internacional del Refugiado, que tendrá lugar mañana, 20 de junio. “El pacto no obliga necesariamente a los Estados miembros a rebajar sus estándares de acogida y atención, ni a implementar centros de detención o deportación en terceros países; lo que hace es establecer mínimos comunes y dejar en manos de los gobiernos nacionales determinadas decisiones sobre su aplicación”, subrayaron en un manifiesto, en el que pidieron a España “mantener e incluso reforzar sus estándares de acogida”.
Uno de los aspectos que más preocupación genera tanto en la administración como en las entidades sociales en Canarias es la posibilidad de que el Archipiélago se convierta en un gran punto de retención. El nuevo marco establece que las personas con bajas probabilidades de obtener protección internacional -por nacionalidades con tasas de reconocimiento inferiores al 20%, riesgo para la seguridad o sospechas de fraude documental- deberán permanecer en frontera mientras se tramita su solicitud, en un plazo máximo de 12 semanas.
Ante esta situación, y el riesgo de que los centros gestionados por Accem puedan experimentar saturación, Francisco Navarro, responsable territorial de la entidad, reclamó que España mantenga la “flexibilidad” del sistema. “Para que la capacidad de los centros no se vea desbordada, el sistema debe permitir la redistribución y derivación de personas entre los distintos recursos disponibles”.
No obstante, persiste la incertidumbre sobre cómo se aplicará en la práctica el nuevo pacto y qué impacto tendrá en la acogida en Canarias. Esta duda es compartida por los actores que trabajan en primera línea, tal y como expusieron testimonios como el de Israel López, inspector jefe del grupo de la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de Santa Cruz de Tenerife, o el de Lucía Romero, responsable provincial de primera respuesta de Cruz Roja, quienes no apreciaron cambios significativos tras la llegada de una embarcación en Lanzarote el pasado domingo.
Desde su llegada a Canarias en 2021, Accem ha atendido a 99.435 personas en sus centros. En unas instalaciones concebidas inicialmente para 2.400 plazas, Las Raíces llegó a albergar 17.141 personas en 2023 y 26.966 en 2024. Desde entonces, las cifras han descendido hasta situarse en 3.528 personas en la actualidad. Sin embargo, como destacó Laia García, adjunta a la responsabilidad territorial de Accem en Canarias, esta reducción no implica una disminución de los flujos migratorios, sino una transformación de las rutas, en parte debido a acuerdos con terceros países y a la apertura de nuevas vías de acceso. “La migración no desaparece, simplemente cambia la forma de llegar”, recordó.
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