El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es el titular del monumento a la Victoria, conocido popularmente como monumento a Franco, y el cual se ubica en la avenida Francisco La Roche de la capital. La escultura de Juan de Ávalos ha estado inmersa en un largo proceso judicial en base a la ley de Memoria Histórica, que insta a su retirada del espacio público. No obstante, tras el rechazo del Gobierno de Canarias a declararla como Bien de Interés Cultural (BIC), y por tanto a no protegerla, el alcalde, José Manuel Bermúdez, anticipó ayer a DIARIO DE AVISOS los movimientos que ya baraja si, finalmente, la ley canaria de Memoria Histórica obliga a su eliminación al incluirla como un símbolo franquista en el nuevo catálogo de vestigios que se elabora. “Lo que barajo es llevarla a una nave, bien empaquetada, salvo que nos propongan otra opción legal. Si la destruyera sería un irresponsable”, afirmó el regidor.
Bermúdez recordó que “La ley canaria de Memoria Histórica establece que para retirar un vestigio franquista es necesario que se declare como tal por un catálogo regional que aún no se ha aprobado, y para el que previamente ha de corroborarse una estrategia en el Parlamento de Canarias. Hasta que eso no ocurra no voy a retirar nada, pues la estrategia, y sobre todo el catálogo, es lo que decide si es franquista o no”.
El alcalde chicharrero subrayó que “ahora parece que la Comisión de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha decidido que el monumento no tiene ningún valor artístico y no se debe proteger, aunque este Ayuntamiento no ha sido comunicado oficialmente. Por ello, y ante ese acuerdo, entiendo que no es posible mantener la obra, pero tampoco estoy obligado a quitarla salvo que se apruebe la estrategia y el catálogo de vestigios y así se ordene”.
Asimismo, y aunque todo apunta a que el monumento a Franco acabará desapareciendo de su enclave, en el que lleva 60 años desde su inauguración el 17 de marzo de 1966, Bermúdez recordó que en espera de la aprobación del catálogo y de la decisión del Gobierno canario al respecto, “hay que indicar que el ministro, Ángel Víctor Torres, tramita paralelamente su propio expediente para incoar el procedimiento que incluya a esta obra en el catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Democrática, saltándose la ley canaria de Memoria Histórica”. Una situación que hace vaticinar que “por el camino, la escultura volverá a ser judicializada”.
Cumplir la ley
En este sentido, matizó que “como regidor mi pronunciamiento es cumplir la ley, no tengo otro. Pensaba que existían valores artísticos suficientes para acreditar la protección de la escultura y, con ello, resignificarla y poderla mantener. Pero, se ve que los expertos del Comité Técnico de Patrimonio Cultural creen que no es así y, por lo tanto, solo queda esperar a ver el camino que la ley canaria nos marque. Si el catálogo regional lo declara vestigio franquista, entonces no quedará más remedio que retirarla”.
Respecto a trasladar la escultura de Ávalos a recintos cercanos, como el acuartelamiento militar de Almeyda, a cuyos pies reposa el monumento, Bermúdez fue claro. “Almeyda depende del Ministerio de Defensa y éste a su vez del Gobierno de Pedro Sánchez”. Mientras, si baraja realizar una consulta popular para que la ciudadanía decida dónde llevar la obra en caso de retirarla, apuntó que “esta opción es inviable, pues en un referéndum no se puede acordar algo que incumpla una ley”.
Por el momento, la escultura seguirá en su ubicación hasta que se apruebe el catálogo de vestigios franquistas regional, “pues mientras no exista este documento, la obra no se puede retirar aunque no esté protegida”, puntualizó el alcalde.
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