El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, con medidas extraordinarias para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La norma recoge un incremento de la aportación de la Administración General del Estado, que en 2026 ascenderá a 5.513 millones de euros, combinando el nivel mínimo y el nivel convenido de protección.
La cifra supone un aumento de aproximadamente 1.756 millones de euros respecto a los más de 3.757 millones aportados en 2025. En términos porcentuales, el incremento ronda el 46,7%, según los datos económicos recogidos en el propio BOE.
Más dinero para dependencia
El real decreto-ley concede un suplemento de crédito de 2.218,6 millones de euros para reforzar el sistema. De esa cantidad, 2.097,6 millones se destinan al mínimo garantizado en dependencia, mientras que otros 121 millones se reservan para el nivel convenido del SAAD.
El objetivo, según la norma, es incrementar la corresponsabilidad del Estado en la financiación del sistema y garantizar un despliegue “adecuado y homogéneo” de los servicios y prestaciones en el conjunto del país.
Nuevas cuantías por grado de dependencia
El BOE fija también las nuevas cuantías mensuales del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado para cada persona beneficiaria:
Grado III, Gran Dependencia: 660 euros al mes.
Grado II, Dependencia Severa: 260 euros al mes.
Grado I, Dependencia Moderada: 90 euros al mes.
Grado III+, dependencia extrema: 4.930 euros al mes.
Estas cuantías serán aplicables a las prestaciones que se devenguen a partir del 1 de julio de 2026, aunque el real decreto-ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
Casi 1,7 millones de beneficiarios
El texto oficial recuerda que, en mayo de 2026, 1.682.785 personas eran beneficiarias de alguna prestación o servicio del sistema de dependencia. Además, señala que entre el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de mayo de 2026 el número de personas con prestación efectiva aumentó un 55,2%, con 598.576 beneficiarios más, mientras que la lista de espera se redujo en un 51,28%, con 159.719 personas menos pendientes.
El Gobierno justifica la medida por la necesidad de mejorar la financiación del sistema, agilizar los procedimientos y reducir las listas de espera, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de las necesidades de cuidados.
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