El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un real decreto-ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas. La medida responde a una reclamación histórica de los sindicatos, quienes denunciaban que este colectivo se encontraba atrapado en un limbo legal tras la última reforma de las pensiones en España.
La aprobación de esta norma permitirá que miles de empleados públicos con contrato laboral en Canarias y en el resto del Estado puedan acogerse de forma inmediata a esta modalidad de retiro acompañada de un contrato de relevo. Los sindicatos CSIF y CCOO han recibido la noticia de manera dispar, celebrando el avance para el personal laboral pero exigiendo que el beneficio se extienda de inmediato a los funcionarios y al personal estatutario.
El origen del conflicto en el empleo público
La exclusión del personal laboral de la jubilación parcial se produjo durante la última reforma de las pensiones, pactada originalmente entre el Gobierno de España, CCOO y UGT. Según detalla la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), aquel acuerdo omitió los requisitos específicos de selección de personal que rigen en las administraciones públicas.
Ante esta situación, el sindicato CSIF recurrió a la vía judicial. Los tribunales dictaminaron que, efectivamente, la reforma no había tenido en cuenta las particularidades y limitaciones del empleo público. La organización intensificó la presión este año con reuniones clave, como la mantenida el pasado 11 de diciembre con el ministro de Función Pública, Óscar López, y una movilización en solitario frente al Ministerio de Hacienda el pasado 11 de junio.
CCOO advierte de que el problema no está resuelto
Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) ha calificado de “lesivo” el escenario vivido estos meses por los trabajadores públicos afectados. La organización señala que el Ejecutivo adoptó en su día decisiones que ignoraron los principios constitucionales del empleo público, impidiendo el ejercicio de un derecho reconocido sobre el papel.
Para CCOO, el problema en la Función Pública no está resuelto del todo. El sindicato denuncia un “incumplimiento manifiesto” por parte del Gobierno central al no habilitar todavía la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, una medida que estaba comprometida en el denominado Acuerdo para una Administración del Siglo XXI. La central sindical ya ha advertido de que planifica acciones de presión para evitar nuevas dilaciones en el resto de los colectivos de la administración.
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