El negocio de los vuelos de bajo coste se enfrenta a un examen histórico que podría cambiar las reglas del juego para las familias que viajan en avión. La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido ha confirmado la apertura de una investigación a Ryanair debido a las tarifas obligatorias que los adultos deben abonar para poder sentarse junto a sus hijos menores de edad durante los trayectos.
El proceso legal busca determinar de forma urgente si la aerolínea irlandesa incurre en prácticas comerciales abusivas. En concreto, las autoridades sospechan que la empresa podría estar cobrando un recargo económico encubierto a los tutores para cumplir, de forma fraudulenta, con sus propias obligaciones legales en materia de seguridad infantil y atención a pasajeros con discapacidad.
¿Es legal cobrar por los asientos familiares en el avión?
El núcleo de la investigación a Ryanair reside en el llamado “asiento familiar obligatorio”. Bajo la normativa vigente de la compañía aérea, es un requisito indispensable que al menos un adulto de la reserva pague un extra de unas ocho libras esterlinas (alrededor de 9,50 euros) por trayecto. Este abono asegura una plaza junto a los menores de entre 2 y 11 años.
Desde la perspectiva de los organismos de control del consumidor, esta cláusula contractual genera un desequilibrio injustificado que perjudica de forma directa al bolsillo de los usuarios. El análisis técnico determinará si la compañía desglosa de manera transparente estas tarifas a lo largo del proceso de reserva online, o si, por el contrario, los clientes descubren el precio real final cuando ya no tienen capacidad de reacción.
La legislación de protección al consumidor tipifica como abusivas aquellas condiciones que rompen la equidad entre los derechos y las responsabilidades del contrato. Si el organismo británico dictamina que la aerolínea fuerza un desembolso para garantizar un derecho básico de seguridad, la empresa podría enfrentarse a multas millonarias y a la obligación de rediseñar su pasarela de pagos en toda Europa, afectando directamente a los aeropuertos de Canarias, donde la firma opera de forma masiva.
La respuesta de la aerolínea: un conflicto político
La reacción de la directiva de la aerolínea de bajo coste no se ha hecho esperar. Tras anunciarse la investigación a Ryanair, los portavoces de la marca han calificado de “falsa” la acusación y han arremetido con dureza contra las autoridades británicas. Según la empresa, la campaña responde a un intento desesperado del actual Gobierno laborista de Keir Starmer por aparentar una falsa preocupación por los consumidores.
“Nuestra política de asientos para familias cumple estrictamente con todas las normativas legales pertinentes y permite viajar con las tarifas más bajas del mercado”, aseguran desde las oficinas centrales de la compañía aérea.
En su defensa de viabilidad comercial, la firma detalla que el billete base de los menores no sufre ningún incremento por asignación de espacio. Según su argumentación, la plataforma web permite adjudicar de forma gratuita asientos reservados contiguos hasta para cuatro niños dentro de un mismo código de reserva. El único desembolso real obligatorio, insisten, se aplica sobre la butaca del adulto acompañante, eximiendo a la infancia de pagos adicionales.
El procedimiento administrativo se encuentra actualmente en su fase inicial de recogida de pruebas y alegaciones técnicas. El regulador de competencia ha aclarado que la apertura del expediente no implica una declaración automática de culpabilidad, aunque mantendrá bajo la lupa los algoritmos de venta y el redactado de la letra pequeña de los contratos de transporte de la marca líder del sector vacacional.
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