Los precios del alquiler están en máximos históricos, lo que dificulta que las familias tinerfeñas puedan acceder a una vivienda o continuar en la que residen. María (nombre ficticio de A.M.P.O.) es una joven de 30 años, madre soltera de un niño de 9 años, víctima de violencia de género y que dentro de unas semanas se puede quedar en la calle sin alternativa habitacional al no poder hacer frente a la subida del alquiler de su vivienda actual.
María relata a DIARIO DE AVISOS, que es huérfana desde los 11 años, y tras ser acogida por sus abuelos, a partir de los 18 años se independizó. Vive sola y no cuenta con una red familiar ni de apoyo a la que acudir.
“Ahora me enfrento a un desahucio. Tras cinco años viviendo en la misma vivienda, mi arrendadora ha decidido no renovar mi contrato para alquilarla a un precio superior. Durante estos cinco años anteriores he pagado puntualmente el alquiler y todos los suministros de agua y luz, pero para mí es inasumible pasar de pagar 435,39 euros a más de 850 euros”.
A pesar de tener una familia monomarental, víctima de violencia de género, sin red familiar ni apoyo económico y llevar casi diez años inscrita como demandante de vivienda pública, “ninguna administración canaria me ha ofrecido una alternativa habitacional”. María relata que está inscrita desde hace 9 años en el Registro de Vivienda de Protección Oficial, además de acudir a Visocan, Provivienda, ProHogar, Cáritas y los recursos sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. “La respuesta siempre ha sido la misma: no hay viviendas disponibles”, lamenta.
En principio, el próximo 7 de julio María deberá acudir al juzgado, aunque está a la espera de que le designen un abogado de oficio, y la fecha del lanzamiento para dejar su vivienda está prevista para el 7 de septiembre.
Desesperada y con miedo, relata que “la única solución que me ofrecen es retrasar el desahucio unos meses, máximo cuatro, y después acceder, si hay disponibilidad, a una pensión de forma temporal o a un recurso compartido con otras madres con hijos que tiene una lista de espera. Sería un piso tutelado, compartido y con normas de funcionamiento que implican un elevado control cotidiano y sin fecha límite para obtener una estabilidad o independencia con mi hijo”.
María grita desesperada que “mi hijo y yo corremos el riesgo real de quedarnos sin hogar. No estoy pidiendo privilegios, solo pido que nos ayuden y nos den una solución para una situación de vulnerabilidad extrema que las administraciones conocen desde hace años y que, hasta hoy, siguen mirando para otro lado”. Recalca que “no estoy pidiendo un favor, estoy pidiendo que me ayuden a encontrar un piso en alquiler asequible. Ahora en este momento he buscado por todas partes y no encuentro. Siempre me he valido por mi misma y he podido afrontar los pagos y los problemas que he tenido, pero ahora no me puedo permitir pagar el precio de los alquileres que están pidiendo”.
Relata que siempre ha sido capaz de adaptarse, intenta residir cerca del colegio de su hijo, y que se han mudado en varias ocasiones, pero actualmente “los precios de las viviendas son críticos y no consigo un nuevo hogar”. Podía haber prorrogado el contrato de alquiler, pero la dueña (gran tenedora) se niega porque quiere duplicar el precio. “Ahora quiere más de 800 euros mensuales y no lo puedo permitir”.
María es víctima de violencia de género. “En noviembre de 2024 obtuve una sentencia condenatoria y una orden de alejamiento contra mi agresor. Sin embargo, vivíamos cerca porque no recibí ninguna ayuda para acceder a otra vivienda que nos permitiera alejarnos. Continuamos en el mismo entorno, cruzándonos con frecuencia y tengo miedo a que nos haga daño, pero no me queda otra”. Cuando acudía a trabajar la perseguía y tuvo que llamar varias veces a la Policía Nacional.
Lleva meses sin poder dormir por la angustia. “Me da mucho miedo verme en la calle con mi hijo y no tener a dónde ir. No pido nada gratis, solo acceder a una vivienda y pagar un alquiler normal, donde mi hijo pueda vivir con salud y juntos ser felices”, finalizó.
“No veo ni tengo cómo afrontar el pago de un nuevo alquiler en otro lugar”
Esta joven madre con un menor a su cargo recalca a DIARIO DE AVISOS que siempre ha sido una persona “muy capaz”, porque “no he tenido otra opción”, pero ahora “me veo en un callejón sin salida” en la vida, ya que “los precios que están pidiendo para un alquiler no me permiten acceder a una vivienda”.
Entre lágrimas, A.M.P.O. señala que “si realmente pudiese continuaría viviendo de forma independiente junto a mi hijo. Lo he sacado estos nueve años con mi trabajo y esfuerzo, sin pedir ayuda a nadie, y no le ha faltado de nada, viviendo juntos en pisos de alquiler todos estos años”, pero en estos momentos “no veo ni tengo cómo afrontar el pago de un nuevo alquiler en otro lugar, y en unos meses cuando me desahucien del piso no tendremos un hogar”.
Sin embargo, por otro lado, María considera necesario abandonar el piso en el que actualmente reside pues está afectando la salud de su hijo. “Está por debajo de la calle, no hay ventilación directa, no hay ventanas, hay muchísima humedad, apenas entra la luz natural y mi hijo se está enfermando”.
María señala que ha tocado todas las puertas que ha podido, pero “ya no sé qué más puedo hacer o dónde acudir”. Resalta que no quiere dar pena, “soy una madre joven que ahora necesito ayuda, pero parece que ni para el Ayuntamiento de Santa Cruz ni para el Gobierno de Canarias soy una prioridad”.
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