Después de tres años de lucha “y de confiar mucho en la Justicia”, Mercedes F., vecina de Icod de los Vinos, va a tener por fin agua potable en su vivienda, ubicada en el número 75 de la avenida Príncipes de España, en el barrio de La Centinela, la única del edificio Suliman que carece de este recurso.
Cuando entró a vivir tenía luz, pero no agua, y al reclamarla se la denegaban porque no tenía cédula de habitabilidad, igual que el resto, y porque la vivienda estaba fuera de ordenación.
Sin embargo, cumplía con el resto de requisitos que la empresa municipal Icodemsa exige para dar de alta el servicio: escrituras de la propiedad, la cédula de habilitación o declaración responsable de finalización de obra autenticada o prescripción urbanística, certificado de instalaciones interiores, alta en el servicio de basura o recibo, del recibo de la contribución, e informe previo del punto de conexión.
Precisamente, la magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife que instruye su caso expone que “existe una resolución del Ayuntamiento en la que se entiende que, aun cuando la vivienda de la recurrente no tiene licencia de primera ocupación, si ha de abonar la tasa de basura, es decir, que, por un lado, niega la posibilidad de que pueda contar con un servicio esencial para habitar como es el agua potable, pero, por otro, sí liquida la tasa de basura”. Una “contradicción de la Administración local, con claros fines meramente recaudatorios” que “no es entendible por esta juzgadora”, argumenta en el fallo al que tuvo acceso este periódico.
Además, subraya que el procedimiento se inició en el año 2024, “cuya demanda se ha podido formalizar en el 2026 precisamente porque la Administración no ha respondido”, un hecho que acredita “los perjuicios graves para el demandante”.
Por ello, la magistrada estima que se adopte la medida cautelar consistente en “la realización de cuantas actuaciones fueran necesarias para obtener conexión a la red de abastecimiento de agua” hasta que se resuelva el procedimiento principal, debido al daño y perjuicio que se le está ocasionando a Mercedes y el que puede seguir generándose, por la falta de respuesta durante dos años.
Mercedes asegura que el anterior alcalde Francis González le dijo que con un informe social que diera cuenta de su situación, y dado que tiene una discapacidad del 67%, el problema estaba solucionado. En este mandato su sucesor, Javier Sierra, le confirmó en dos ocasiones que “no se podía hacer nada sin cédula de habitabilidad”, apunta, y por eso decidió poner este asunto en manos de la Justicia y presentó una denuncia contra el Ayuntamiento con fecha de 7 de mayo de 2024.
Aunque confiesa que está “muy contenta” con la decisión judicial, que su abogada le comunicó ayer al mediodía, prefiere ser prudente, dado que se trata de una medida cautelar y contra la que cabe recurso de apelación por parte del Ayuntamiento en el plazo de 15 días.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas