Pamela Gwinnett, de 63 años, conocida como la viuda negra, ha sido arrestada en un complejo residencial de Los Cristianos, en Arona, donde residía desde hacía más de un año en incumplimiento de sus condiciones de libertad bajo fianza. La mujer fue condenada en octubre pasado en el Reino Unido a seis años de prisión por hurto y fraude mediante abuso de posición de confianza.
Tras su detención en Los Cristianos, se prevé que comparezca ante un tribunal español antes de ser extraditada al Reino Unido.
El caso obtuvo gran repercusión, hasta el punto de que varios equipos de las cadenas británicas Sky News, BBC y The Sun localizaron a Gwinnett en su domicilio, donde se había instalado tras huir del país mientras esperaba el juicio.
Según la investigación, la mujer se había hecho pasar por cuidadora de Joan Green, jubilada de 89 años, durante la pandemia de covid-19, y logró que esta le transfiriera los poderes notariales sobre su patrimonio. Con ese control legal sobre sus finanzas, dispuso de unas 300.000 libras del patrimonio de la anciana, que empleó, según la sentencia, en “tratamientos estéticos, comidas de lujo, la compra de un vehículo valorado en 22.500 libras y el pago de hipotecas a su nombre”.
Preguntada por los hechos frente a su vivienda en Los Cristianos ante lo medios, Gwinnett negó cualquier responsabilidad y atribuyó la gestión del dinero a la familia de la víctima y a su despacho de abogados.
Durante el proceso judicial, el juez describió cómo la acusada aisló a la anciana de su entorno, llegando a cambiar el número de teléfono fijo de la vivienda, instalar candados en las verjas de acceso y dar instrucciones a los cuidadores para impedir la entrada de familiares.
Green falleció en 2022 en Chorley, Lancashire, sin llegar a ver el desenlace judicial del caso. En su ausencia, Gwinnett fue condenada a seis años de prisión, donde el juez pidió colaboración pública para su localización.
La familia de la víctima ha presentado una queja formal contra la Policía de Lancashire, a la que acusan de haber archivado como asunto civil una primera denuncia sobre movimientos irregulares en las cuentas de Green, presentada en marzo de 2023. El caso solo avanzó penalmente cuando los parientes trasladaron las mismas pruebas a la Policía de Mánchester, cuerpo que sí abrió diligencias y procedió a la detención.
La denuncia de 2023 está siendo objeto de una investigación interna de su departamento de normas profesionales.
El tribunal de Preston dictó además una orden de confiscación de bienes por 350.180 libras contra la condenada, un pago que debía haberse efectuado en un plazo de tres meses bajo amenaza de una ampliación de la pena de hasta tres años y medio.
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