El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha reactivado los plazos para la implantación del nuevo control horario digital, una medida que afectará de forma directa a miles de autónomos y pymes con asalariados en el Archipiélago.
Tras encadenar varios meses de demora por objeciones jurídicas, el Gobierno central prevé aprobar la reforma mediante un Real Decreto en las próximas semanas, fijando el límite temporal antes del parón vacacional de agosto.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, confirmó que el departamento ministerial ultima las correcciones técnicas del documento regulador. Las modificaciones se ejecutan tras recibir el dictamen preceptivo del Consejo de Estado, que el pasado marzo alertó sobre el incremento de costes administrativos para el tejido productivo menor y la idoneidad de tramitar el cambio mediante un proyecto de ley en lugar de un decreto directo.
Por qué cambia el registro y a quién afecta en Canarias
La normativa busca erradicar de manera definitiva los sistemas de fichaje manuales o alterables, como las hojas firmadas en papel o las plantillas informáticas básicas.
El nuevo modelo exigirá una infraestructura plenamente digitalizada que garantice la trazabilidad de los datos recopilados, impida la manipulación de las horas declaradas y permita que la Inspección de Trabajo acceda de forma remota a los servidores de control durante las auditorías operativas.
Esta transición tecnológica plantea una reestructuración de los procesos internos de gestión para el empresariado canario, singularmente en actividades con alta variabilidad de turnos.
En las Islas, el impacto será directo sobre sectores estratégicos para la economía regional:
- Hostelería y restauración: Control riguroso en jornadas continuas, turnos partidos y horas extraordinarias.
- Comercio minorista: Monitorización de las prolongaciones de jornada en campañas comerciales específicas.
- Logística, transporte y distribución: Registro de tramos horarios fuera del centro fijo de trabajo.
- Servicios profesionales: Digitalización inmediata en micropymes y oficinas técnicas.
Flexibilidad parlamentaria frente a la reducción de jornada
La tramitación de esta reforma transita de forma independiente a la negociación para rebajar la jornada laboral general a las 37,5 horas semanales.
Al vehicularse jurídicamente bajo la fórmula de un Real Decreto, la norma dictada por el Consejo de Ministros no requiere someterse a convalidación ni votación previa en el Congreso de los Diputados. Esta condición permite al Ejecutivo acortar los plazos políticos y agilizar la publicación de las obligaciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La aceleración de los plazos técnicos responde igualmente a la presión de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, que exigen una fiscalización más estricta sobre el volumen de horas extraordinarias no declaradas ni retribuidas en el mercado laboral.
En contraposición, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha manifestado de manera reiterada su inquietud por la carga financiera que este periodo de adaptación tecnológica transfiere a los pequeños negocios desprovistos de plataformas de software adaptadas.
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