La Comisión de Estudio de la Pobreza Infantil del Parlamento abordó ayer la problemática de la discapacidad y de los menores que acaban en los sistemas de protección.
La presidenta del Comité de Entidades Cermi Canarias, Carmen Laucirica, denunció que “las familias que conviven con la discapacidad tienen más probabilidades de caer en la pobreza” y del “sobreesfuerzo de 26.000 euros anuales” que realizan las familias, gasto que “las estadísticas de renta no registran” y acaba en su “empobrecimiento por encima del umbral oficial”. Reclamó una ventanilla única, un sistema integrado de apoyo público y la reforma de la Ley de Atención Temprana que garantice plazas públicas y elimine los copagos.
Denunció que la infancia con discapacidad, especialmente aquella con grandes necesidades de apoyo permanece oculta a la sociedad, a las estadísticas y a las políticas públicas. La pobreza no afecta a toda la infancia por igual, ni de la misma manera, y cuando se cruzan “infancia, pobreza y discapacidad tienen un efecto multiplicador en la desigualdad”.
Destacó el papel de la familia como pilar de apoyo para las personas con discapacidad, el acceso a la educación o al mercado laboral. Afrontan “una desventaja estructural” que va más allá de los ingresos y que inciden en la capacidad para acceder a bienes, servicios y oportunidades.
Carmen Laucirica abogó por “unos sistemas adecuados de apoyo familiar, social, educativo y sanitario” para el bienestar, la inclusión y el ejercicio efectivo de los derechos de los menores con discapacidad. Consideró que “la protección social, apoyos económicos y la conciliación son herramientas fundamentales para reducir la pobreza y compensar los costes adicionales de la discapacidad”.
Recordó que el 32% de las personas con discapacidad se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social. La carencia material y social severa afecta al 13,5% de los hogares en los que se convive con personas con discapacidad, más del doble que entre la población sin discapacidad. “Crecer en discapacidad supone un encarecimiento de hasta un 40% del nivel de vida familiar, terapias, productos de apoyo, transporte y vivienda adaptados… Los estudios disponibles sitúan el esfuerzo familiar, el sobreesfuerzo en torno a unos 26.000 euros anuales”.
Cuando la familia carece de apoyo suficientes, cuando la pobreza se instala de forma persistente y cuando la responsabilidad de los cuidados descansa casi exclusivamente sobre ella, “aumenta también su vulnerabilidad y su aislamiento”, recalcó.
Afirmó que la atención temprana “resulta fundamental” para favorecer el desarrollo de los menores con discapacidad. Lamentó que, pese a los avances en inclusión educativa, “muchos estudiantes continúan encontrando obstáculos para acceder y participar plenamente en la educación ordinaria”, debido a “los insuficientes recursos, apoyos individualizados y servicios complementarios, como las actividades extraescolares, campamentos y ocio inclusivos”.
Cermi Canarias abogó por medidas que combinen prestaciones monetarias, mayor intensidad de los servicios, apoyos directos y beneficios fiscales que reconozcan el sobrecoste de la discapacidad en las políticas de lucha contra la pobreza. También ve necesario “reforzar las prestaciones económicas, reducir copagos y garantizar que ninguna familia tenga que renunciar a tratamientos, ayudas técnicas o apoyos esenciales por falta de recursos”. “La institucionalización no puede ser la respuesta a la ausencia de recursos sociales” y aboga por “políticas de conciliación, servicios de respiro, apoyos domiciliarios y asistencia personal”.
No quitamos hijos
Por su parte, la educadora social Iratxe Serrano afirmó que “hablar de acogimiento residencial, de juventud extutelada y de protección infantil, exige hablar también de pobreza, desigualdad, vivienda, salud mental, violencia, migraciones y derechos humanos”. Destacó que tenemos “leyes maravillosas pero, sin una financiación acorde, no se pueden implementar”.
Recordó que el cambio legal “establece con claridad que la pobreza por sí sola no constituye una situación de desamparo”. “No quitamos los hijos a nadie por un indicador de pobreza”. La normativa reconoce que “las familias empobrecidas no son necesariamente incapaces, la precariedad económica no equivale a negligencia y la exclusión social no puede confundirse con falta de amor, de compromiso o de capacidad parental”.
Lamentó que muchos niños, niñas y adolescentes que llegan al sistema de protección “son los hijos e hijas de padres y madres que tuvimos en el sistema de protección”. Asimismo, señaló el “hándicap e importante impacto de la insularidad”. “La pobreza en Canarias es pobreza de acceso, de servicios y de oportunidades”.
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