La legislatura la marca el ruido político y la corrupción, pero pasan muchísimas más cosas, muchas de ellas muy positivas y en ámbitos como el juvenil y la infancia. El secretario de Estado de este área, Rubén Pérez Correa (Sumar), lo vive a diario y aquí detalla algunos de esos logros.
-Ha comprobado ‘in situ’ la situación de la juventud e infancia en La Palma, ¿cómo lo ve y qué están haciendo?
“Trabajando con las entidades. Hay una sensación de que, al ir terminándose las infraestructuras y reubicándose las familias, sigue habiendo necesidad de políticas juveniles. Es cierto que no se ha perdido población, que era uno de los riesgos, que se acentuara el proceso secular de emigración de jóvenes a otras islas y al Estado, pero el riesgo sigue. De hecho, la isla continúa teniendo una población juvenil por debajo de la media estatal y creemos importante desarrollar tanto el Plan de Vivienda como la Ley en general en las Islas, sobre todo donde se pierde jóvenes. También todo lo relativo a la empleabilidad juvenil y la posibilidad de desarrollar una profesión con fondos del Ministerio de Trabajo para asentar población en los sectores productivos que demandan mano de obra, sobre todo el primario. A su vez, hemos hablado de ayudar a las estructuras de organizaciones juveniles para captar recursos”.
-Feijóo dice que extenderá la ley de Ayuso sobre el concebido no nacido: ¿qué le parece, teme incluso cambios en el aborto si gobierna el PP con Vox?
“Nos parece un auténtico disparate vincular esas políticas, que hablan del derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo y a mantener derechos asentados, con natalistas y con necesidades demográficas para tener más nacimientos. Lo hemos comentado a las entidades juveniles de La Palma y nos dan la razón. No se puede vincular la natalidad solo a la demografía, sino al sostenimiento económico de las familias, a derechos como el de la vivienda, a unos servicios sociales y sanitarios que funcionen, a una red educativa de 0 a 3 que permita la conciliación y la integración del menor con garantías. Por tanto, son auténticos disparates unas leyes que, por desgracia, ya empiezan a imperar en Europa al calor de la extrema derecha. Son absolutamente antidemocráticas desde el punto de vista de los derechos de la mujer pero, sobre todo, se vinculan a una supuesta necesidad de revertir la pirámide poblacional que se olvida de que el principal factor que hoy las mujeres y parejas jóvenes plantean como elemento limitador para tener un hijo son las condiciones materiales. Es un disparate que el PP, que cuando ha gobernado es el que más recortes sociales y en derechos ha hecho y que más ha permitido destrozar el mercado de la vivienda con las leyes de Aznar, pretenda subvertir esa pirámide así. Estamos radicalmente en contra y creemos que roza la inconstitucionalidad”.
-Mucho ruido y revuelo con la corrupción, pero ¿qué balance haría en su área desde 2023?
“Hemos consolidado cuestiones que creíamos parte del diálogo del país: la situación de la infancia migrante, que no era un problema solo de Canarias, Ceuta y Melilla, sino que somos un país receptor y necesitábamos adaptar nuestra legislación y recursos para hacer una acogida garantista que les permita un futuro. Creo que ha funcionado de forma muy efectiva en esos tres sitios. Unos se refieren a esta infancia para criminalizarla y nosotros, para hablar de derechos y de la Convención del Niño, que ampara a los menores que emigran en soledad. Entendíamos también que había un debate sobre las redes, los entornos digitales y los menores y propusimos una ley y acciones. Además, hemos conseguido que se hable de violencia hacia la infancia, planteando reformas. Nos hemos aislado de ese ruido y la idea es seguir legislando hasta el último día porque quedan muchas cosas muy interesantes. Los que estamos en lo público debemos aislarnos de las estrategias de partido y oportunismo. Nos queda aprobar una Ley de Juventud, reformar la de Lucha contra la Violencia en la Infancia y avanzar mucho contra la violencia vicaria con una ley que trabajamos con Igualdad… En materia de infancia, podemos lograr importantes consensos imposibles en otros ámbitos…”.
-¿Le ha perjudicado mucho no tener nuevos presupuestos?
“Evidentemente, nos limita mucho, pero, por fortuna, tenemos líneas que ya estaban consignadas, incluso fondos extraordinarios que hemos ido consiguiendo de otros ministerios, sobre todo de Hacienda. Por ejemplo, los 100 millones para ayudar a los sistemas de protección de Canarias, un hito histórico. Hemos trabajado y seguiremos haciéndolo para que haya un presupuesto en 2027 y ya tenemos consignados muchos proyectos de la sociedad civil”.
-De haberlos, ¿qué partidas deben subir sí o sí?
“Aportaciones a la tupida red de entidades infantiles y juveniles. Han estado congeladas muchos años y prevemos un incremento importante. También aumentos no solo para los sistemas de protección, sino para los proyectos de emancipación en la vida adulta. Se habla mucho de los centros de menores y nos olvidamos de que tenemos que consignar recursos porque, cuando cumplen 18 años y salen, no los ayudamos a transitar o hacemos un seguimiento y, de repente, se ven en la calle, con necesidad de buscar vivienda, muchas veces con trabajo porque un 70% ya lo hace como tutelados, pero con muchas dificultades para desarrollar su vida. Además, tenemos que aportar mayores ayudas al tercer sector”.
-¿Se ha sentido frustrado con los menores…? ¿Qué pasará con estos migrantes si cambia el Gobierno y Vox tiene peso?
“Vox puede tener el peso que quiera, pero la Ley de Protección Jurídica del Menor es la que es. Al escuchar al consejero de Extremadura de Vox decir que no iba a atender a ninguno, le recuerdo que es su obligación, que cualquier menor en desamparo no esté en la calle y que tenga recursos socioeducativos. Si lo que pretende es incumplir la ley, pues nos tendrá en contra como denunciantes. España ha decidido suscribir convenios internacionales tan importante como la Convención de Derechos del Niño y otros de atención a la infancia migrante y un partido debería saber que el cumplimiento de la ley es obligatorio. Es como si digo que no me gusta la normativa de circulación y en mi comunidad quiero que se circule por el carril contrario. Esto no opera así y esta la ley no es de ahora, sino de los 80 y, desde luego, no existen fórmulas imaginativas para saltársela. Otra cuestión es el debate sobre el traslado con el Real Decreto Ley, del que estoy muy orgulloso porque ha dado oportunidades a menores en situaciones muy difíciles de hacinamiento en Canarias, pues hemos consolidado unos 2.000 expedientes, se han hecho 1.600 traslados y otros con Inclusión. Están cumpliendo 18 e incorporándose al mercado laboral aquí o en otros países, pues muchas veces su proyecto no es España. Hablamos de 14.500 menores, que es la mitad del aforo de un campo de Primera y esto no puede ser un problema para un país de 49 millones de habitantes. Sí lo es que ciertos partidos quieran medrar electoralmente usando la criminalización de la infancia como trampolín, algo muy habitual en la extrema derecha europea (en Francia se vive desde los 80), aunque el problema es que el PP ha dado un paso más allá entregando estos servicios de Extremadura, Aragón y Castilla León a Vox, que lo que quiere es, manipulando, fijar un discurso de miedo no real pues España seguirá cumpliendo los tratados le pese a quien le pese”.
-¿Teme que, con PP y Vox, haya una regresión y Canarias se vea más perjudicada con un bloqueo mayor, o que incluso se apliquen devoluciones en caliente de menores?
“La extrema derecha es capaz de incumplir la ley y criminalizar cualquier cosa. Combatimos para que esto no se dé y, por ejemplo, los menores siguen llegando a Extremadura, diga lo que diga ese consejero, porque así lo dice la ley y el mecanismo de distribución. Claro que puede haber una involución, pero una cosa es que se dé en el ya acalorado discurso político y otra es que el PP y Vox incumplan la ley, y espero que los jueces actúen con la misma diligencia con la que lo hacen en casos como los del partido mayoritario del Gobierno. Si un menor queda en la calle, ¿un juez o un fiscal de menores no va a dictar una resolución penal? Entendemos que la ley está muy por encima de los cambios de gobierno. Con todo lo que supone la llegada del PP y Vox a cualquier gobierno, esperamos que en la protección de menores no cometan estas locuras, que serían denunciadas no solo por nosotros, sino por activistas y entidades sociales muy acreditadas, como Amnistía Internacional, porque se incumplirían los Derechos Humanos”.
-¿Se debería apostar más por el acogimiento familiar?
“Sí. Estamos preparando un real decreto para armonizar 17 sistemas de protección, pero las competencias son autonómicas y en algunas comunidades esta opción es prioritaria, pero en otras está ausente, como pasa en Madrid, que nos llevó al Constitucional. Se necesita también una campaña de sensibilización porque muchos confunden acogimiento con adopción”.
-¿Cuándo se aprobará la ley sobre menores y las redes?
“Es uno de los proyectos de ley más avanzados, ya ha pasado las ponencias, hemos recibido las enmiendas de los grupos, se harán transaccionales para adaptarla y entiendo que a la vuelta del verano estaremos en disposición de que se vote”.
-¿Teme que, con Vox y PP, la presión de Musk la revierta?
“Nuestro interés es hacer una ley muy testada socialmente. Hicimos un comité de expertos y pedimos a las distintas sensibilidades políticas que propusieran nombres. La ley ha sido muy trabajada con los grupos, solo ha tenido una enmienda a la totalidad de Vox, pero que decía que era buena y que defiende a los menores, aunque, como la presenta Pedro Sánchez, hacen una enmienda total. Ni siquiera el PP la presentó y solo dijo que mejoraría el texto. Creemos que puede haber mucho consenso porque existe una preocupación generalizada en la sociedad, no solo en el Gobierno, sobre el impacto de las redes y los entornos digitales en los menores, y España está siendo, además, un país ejemplar en Europa y siempre nos dicen otros que esperan a ver qué hacemos. Y hasta la Comisión Europea nos lo ha reconocido. Esperamos que no haya reversión porque se ha trabajado mucho también con el subsector tecnológico y el audiovisual”.
-En estos tres años, ¿qué le frustra más no haber logrado y de qué está más satisfecho?
“Esta ley me parece un hito de legislatura; y, como digo, estoy muy orgulloso de desatascar la protección de menores migrantes en Canarias, Ceuta y Melilla, y que hayan sido derivados a otros sistemas no tan colapsados. Se trata de muchos jóvenes llamados a ser el futuro del país pues uno de cada cuatro son migrantes. Es un logro colectivo del Ministerio y, cuando no estemos, creo que estos lugares agradecerán lo hecho por dar mayor dignidad y un futuro más próspero a estas personas”.
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