Nueve entidades educativas y de atención a la discapacidad de Canarias han exigido al Congreso de los Diputados que rechace cuatro enmiendas del PP a la Ley de Discapacidad. Las organizaciones advierten de que las modificaciones aprobadas en el Senado recortan recursos a los colegios ordinarios y perpetúan la segregación del alumnado.
La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, junto a colectivos como NEAEs Tenerife, FAPA Galdós o UDECA, sostiene que los cambios impulsados por el Partido Popular amenazan con debilitar la obligación legal de dotar de apoyo especializado a la escuela pública ordinaria en el Archipiélago.
El conflicto surge tras la incorporación de las enmiendas 112, 113, 114 y 143 en la Cámara Alta al Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Dependencia. Según los colectivos, estas enmiendas abren la puerta a sustituir la adaptación de los centros comunes por la derivación sistemática de estudiantes hacia aulas específicas o centros de educación especial. La controversia llega en pleno debate autonómico sobre la futura Ley de Atención a la Diversidad del Gobierno de Canarias.
Las cuatro enmiendas bajo la lupa de las familias
Las asociaciones firmantes -entre las que se encuentran también Somos Uno Más, Sentirte, Amararte, ACAEDIN y la Comisión de NEAE de Fuerteventura- señalan cuatro modificaciones críticas introducidas en el texto legal:
- Enmienda 112: equipara los centros ordinarios con la educación especial y las aulas específicas, lo que a su juicio perpetúa las modalidades separadas por razón de discapacidad.
- Enmienda 113: subordina los itinerarios formativos del alumnado a informes de los servicios de orientación, convirtiendo la evaluación en un trámite administrativo que conditioned derechos básicos.
- Enmienda 114: elimina la obligación de que los servicios de orientación exploren alternativas de inclusión en las aulas ordinarias y eliminen sus barreras.
- Enmienda 143: deroga la disposición adicional cuarta de la LOMLOE, que obligaba a dotar a los centros ordinarios de los recursos necesarios en un plazo de 10 años.
El riesgo de segregación en las Islas
Desde las entidades recuerdan que la falta de medios humanos y materiales ha propiciado históricamente la derivación de menores hacia aulas enclave en el Archipiélago. “La falta de recursos de la Administración nunca puede convertirse en una supuesta necesidad educativa del niño o de la niña”, subrayan desde el colectivo, tras adherirse a las acciones jurídicas impulsadas por la Asociación Segundo Maestro y REDIN.
Temor ante la nueva Ley de Diversidad de Canarias
La preocupación del sector se intensifica ante la tramitación de la Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado en Canarias. Las familias anuncian que se mantendrán vigilantes para evitar que un eventual retroceso en la normativa estatal condicione el modelo educativo en las Islas.
Por ello, reclaman a todos los grupos parlamentarios del Congreso una votación separada que permita rechazar estas cuatro enmiendas, recordando que el artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a garantizar un sistema de educación inclusivo.
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