Es la concejala más joven del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero sobre ella recae el peso de una de las áreas más complejas y de mayor presupuesto del municipio, la de Políticas Sociales. Charín González reconoce que siempre habrá problemas y aspectos a mejorar en su área, pero intenta “mantener los pies en la tierra” y aprender de los errores.
Afirma que la integración del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) en la estructura del Consistorio ha sido un avance para impulsar programas como Santa Cruz Vital, el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2026-2030 o mejorar en discapacidad, inclusión, atención de menores en situación de riesgo, sinhogarismo o en ayuda social, cuya solicitud va en aumento en la capital.
-¿Qué retos quedan pendientes en la recta final del mandato?
“Aunque se han conseguido muchas cosas en este tiempo, destacaría como aspecto pendiente la instauración definitiva del nuevo modelo de ayuda a domicilio. Llevamos trabajando más de un año y estoy segura de que antes de que finalice este mandato veremos cómo se ejecuta en nuestra ciudad. Va a suponer una mejora importante del servicio. Actualmente gestionamos el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) mediante un contrato público con una única empresa, pero el nuevo modelo de gestión va a implantar uno muy similar al que utilizamos, por ejemplo, con las tarjetas de alimentos, donde la ayuda se concede directamente a la persona, que recibirá la prestación que necesita”.
-¿Qué ventaja tendrá el nuevo modelo del SAD?
“Una de las principales mejoras es que no tendremos el límite que establece un contrato público, sino que se establecerán convenios con distintas entidades colaboradoras que permitirán atender la demanda que vaya surgiendo, que sabemos que va a crecer porque Santa Cruz tiene un elevado índice de envejecimiento y, por ello, cada vez habrá más personas mayores que necesiten estos servicios”.
-¿Cuándo entrará en vigor?
“Estamos ante un proceso de transición. Ahora mismo estamos realizando los convenios de colaboración y, al mismo tiempo, licitando el nuevo contrato, ya que en poco se aprobarán los pliegos, donde entrará la subrogación del personal del SAD. Durante unos cuatro o seis años podremos mantener las dos modalidades y valorar cómo evoluciona el sistema. El contrato público continuará y, cuando éste llegue a su máximo, podremos seguir atendiendo la demanda adicional mediante prestaciones de ayuda a domicilio”.
-¿La finalidad es acabar con las listas de espera?
“El nuevo contrato llegará a un máximo de 1.300 usuarios y toda la demanda que supere esta cifra se cubrirá con prestaciones de asistencia para ayuda a domicilio. Queremos evitar situaciones como las que hemos tenido en los últimos tres años, cuando en determinados momentos llegamos a tener listas de espera de hasta 50 o 60 personas”.
-Usted defiende que las personas mayores puedan envejecer en sus propias casas. ¿Contribuirá el nuevo modelo a ello?
“Sí. Creo que las personas mayores deben poder envejecer en sus domicilios, pero con todos los recursos necesarios. Además, está demostrado que mantener a las personas en sus hogares durante el mayor tiempo posible puede ser incluso más económico para el gasto público. Lo importante es que tengan calidad de vida y puedan seguir en sus casas con los apoyos necesarios”.
-¿Las nuevas tecnologías serán un plus para la atención social?
“Sin duda. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial empieza a llegar a los hogares de las personas mayores. Por ejemplo, existen sistemas capaces de detectar que una persona lleva 24 horas sin abrir la nevera y activa una alarma. Son cuestiones que estamos valorando para implantar en el municipio a medio plazo”.
-Uno de los problemas más visibles es el sinhogarismo. ¿Cómo se está atajando?
“La situación de las personas sin hogar es una de las cuestiones que tenemos especialmente marcadas, pues hemos detectado que muchas se ven obligadas a emigrar dentro de la propia isla para conseguir un recurso en este municipio. Actualmente tenemos 27 casos en Fiscalía pendientes para poder actuar ante personas en calle que realmente no se dejan ayudar. Es una cuestión dolorosa y, además, como responsable de Políticas Sociales me genera frustración e impotencia al saber que contamos con equipos técnicos y con alternativas pero, por distintas circunstancias, no podemos hacer más. Una porque la persona no quiere ser ayudada de manera consciente, al haber problemas de salud mental, adicciones, patologías u otras circunstancias que hacen que no esté en condiciones de tomar determinadas decisiones. Otra porque tampoco tenemos seguridad jurídica para hacerlo”.
-¿Cree que habría que cambiar el marco legal?
“Deberíamos tener mecanismos para poder actuar con rapidez. No podemos aplicar un procedimiento ordinario a situaciones que no son ordinarias. Cuando vemos que una persona está empeorando y haciéndose daño a sí misma, necesitamos herramientas para intervenir. La legislación reconoce la libertad de la persona para tomar sus decisiones, pero creo que las administraciones tenemos la obligación de velar por la vida cuando la persona se encuentra en una situación extrema”.
-La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa Puentes de Salud para atender en calle a personas con problemas de salud mental ¿Está funcionando?
“Es muy pronto para hacer una valoración. Se puso en funcionamiento en julio y no han pasado ni tres meses. Inicialmente entendíamos que necesitábamos una unidad móvil a pie de calle con un componente más sanitario, incluso con un psiquiatra. Finalmente se ha puesto en marcha con un equipo técnico con una parte social, un psicólogo y una enfermera. De momento hay que poner en valor que se haya creado y que se haya atendido una demanda que Santa Cruz venía planteando desde hacía tiempo”.
-¿Se está cronificando el sinhogarismo en la capital?
“En los últimos cinco años no se ha registrado un aumento ni una disminución significativa. Las cifras se mantienen estables, aunque hay épocas del año donde varían. Mientras la vivienda siga siendo uno de los principales problemas y no demos respuesta, el sinhogarismo se va a cronificar”.
-El Ayuntamiento plantea descongestionar el Centro Municipal de Acogida. ¿Cuándo será una realidad?
“Tenemos un contrato de cuatro años para la gestión integral de atención a las personas sin hogar. Estamos trabajando para que, cuando haya que renovarlo, dentro de tres años, el nuevo contrato contemple pequeñas unidades repartidas por todo el territorio. La idea es cambiar el modelo actual, con más de 100 plazas concentradas en el Centro Municipal de Acogida, y distribuir los recursos en el resto del municipio. Sabemos que es algo complejo, porque abrir cualquier recurso para la atención de personas sin hogar genera mucho estigma y rechazo por parte del entorno, pero también tenemos experiencias positivas. Actualmente existen pisos y recursos de mínima exigencia que funcionan con normalidad y no generan problemas con los vecinos. Tenemos que explicar esas buenas prácticas a la ciudadanía”.
-¿Dónde podrían ubicarse esas nuevas unidades?
“No se trata de llevarlas a zonas completamente alejadas, porque las personas tienen que estar conectadas con los servicios: transporte público, centros de salud y otros recursos. Aún se están viendo alternativas. El objetivo es que puedan avanzar hacia una vida independiente, por lo que no tendría sentido desterrarlas completamente”.
-Santa Cruz reclama una mayor implicación de otros municipios. ¿Se ha llegado al límite?
“Basta con comparar las plazas residenciales que tiene Santa Cruz con las del resto de municipios de la isla para comprobar que existe una diferencia notable. La ley de Servicios Sociales de Canarias establece que el sinhogarismo es una competencia municipal, pero entendemos que cada localidad debe disponer de recursos propios para atender a su población. Actualmente Santa Cruz está dando respuesta a una parte importante de la isla, de Canarias y también de personas procedentes de otras comunidades e incluso de países. Por ello, el número de plazas debe ser equitativo en relación con la población de cada municipio”.
-¿Ha cambiado el perfil de las personas que acuden a Servicios Sociales?
“Muchísimo, pero también ha cambiado la situación socioeconómica del municipio. Tenemos unos índices de paro que han disminuido, pero al mismo tiempo vemos cómo ha aumentado el porcentaje de personas empleadas que necesitan ayuda social. Tener un trabajo ya no garantiza que una familia pueda hacer frente al alquiler, la cesta de la compra o la gasolina, que también son situaciones de exclusión social. Que no puedas comer carne y pescado varias veces a la semana o no tener acceso a internet en tu vivienda, lo que limita a la hora de trabajar o en la educación de los hijos son también casos de vulnerabilidad social. El coste de la vida ha aumentado significativamente pero no así los salarios. Esta situación se refleja en los casos que atendemos hoy en día”.
-¿Cuántas personas reciben actualmente ayuda de los Servicios Sociales?
“Cerca de un 20% de la población de Santa Cruz de Tenerife ha sido atendida en los últimos años, lo que no significa que todas esas personas estén en una situación permanente de dependencia de los servicios sociales. Muchas reciben una ayuda puntual para superar una determinada situación. Por ejemplo, en 2025 destinamos cuatro millones de euros a ayudas al alquiler. El objetivo de estas prestaciones económicas es contribuir a que las personas puedan salir de una situación de vulnerabilidad, no permanecer indefinidamente en ella. Existen casos donde una persona recibe prestaciones sociales durante uno o dos años, y luego otros donde el trabajo de las UTS es más prolongado en el tiempo. Hemos atendido a una abuela, a una madre y a su hija, como ejemplo generacional. Y no se trata solo por escasez de recursos económicos, sino por percepciones de la vida o cuestiones culturales donde hay que trabajar con las familias e impulsar proyectos de proximidad”.
-Para atender la alta demanda de ayudas sociales se necesita personal. ¿Existe suficiente plantilla?
“Ahora estamos cerca de los 200 trabajadores. Además, en los últimos años se ha incorporado bastante personal. Recientemente, ocho compañeros han entrado como trabajadores sociales al Ayuntamiento y, además, junto al Cabildo se han sumado 30 personas más para proyectos de proximidad. También se está trabajando en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con los sindicatos y con el personal de Servicios Sociales. Continuamente tenemos que adaptar la plantilla a las demandas que atendemos”.
-¿Considera que falta más coordinación entre administraciones para dar una mejor respuesta ciudadana?
“Creo que todas las administraciones públicas debemos estar lo más coordinadas posible. El ciudadano no debería tener que ir de una administración a otra para resolver cuestiones relacionadas entre sí. Hay que facilitar la calidad de vida. Todavía tenemos margen de mejora, especialmente en procedimientos administrativos que en ocasiones son demasiado complejos”.
-Otro logro ha sido implantar la gratuidad en las escuelas infantiles municipales. ¿Cuál debe ser el siguiente paso para mejorar la conciliación familiar?
“Uno de los objetivos debe ser garantizar que los colegios públicos puedan tener los mismos servicios de conciliación que uno concertado o privado. Este curso hemos comenzado con la acogida temprana, con una inversión de más de 400.000 euros en los centros públicos del municipio. También trabajamos en un nuevo contrato para las actividades extraescolares, con el objetivo de aumentar las horas a tal fin”.
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