Es un problema atascado. Desde enero, Entemanser ha retirado 200.000 kilos de toallitas de las 34 estaciones de bombeo que opera en Adeje, Guía de Isora y Granadilla de Abona. El dato, correspondiente a lo que va de 2026, evidencia el impacto de una práctica extendida como es arrojar por el váter este material que, según advierte la compañía, “nunca debió entrar en la red de saneamiento”.
Detrás de esas toneladas hay bombas que se atascan, pozos que suben de nivel y, en los peores casos, alivios de aguas residuales que terminan afectando al entorno. El motivo técnico es que, a diferencia del papel higiénico, las toallitas —también las que se venden como biodegradables— no se deshacen en el agua. Estas se enredan en los rodetes de las bombas, se compactan y bloquean una maquinaria que no está pensada para tragar residuos sólidos, sino para impulsar agua.
Cada intervención para desatascar una bomba, según lo expuesto por Entemanser, supone “horas de trabajo que no estaban previstas” y que, según reconocen, terminan compitiendo con otras partidas del servicio.
“El WC no es una papelera”
“No contamos con una partida presupuestaria destinada a reparar las averías que provocan las toallitas en la red, precisamente porque son incidencias evitables y no una inversión planificada”, explicó a este periódico Pedro Antonio Gómez, jefe de producción de la compañía.
Gómez admitió que el dinero que se va en desatascos sale, en la práctica, de otro sitio, pues cada euro empleado en resolver estas incidencias “podría destinarse a renovar y mejorar las infraestructuras”. “El inodoro no es una papelera”, concluyó.
El deterioro provocado por la acumulación de toallitas es “progresivo” y puede pasar desapercibido mientras no se produce una avería visible. Su acumulación dificulta además su detección antes de que genere una incidencia. Cuando una bomba queda bloqueada y el pozo se llena, el margen de maniobra se reduce, lo que puede producir un alivio de aguas residuales o un desbordamiento con impacto directo en el entorno.
Además, ahondan en que el menor rendimiento hidráulico “dispara el consumo energético de unas instalaciones que trabajan de por sí las 24 horas”.
Para contener el deterioro, la empresa gestora mantiene una coordinación constante con los ayuntamientos, que permite anticiparse a las averías más graves antes de que se traduzcan en cortes de servicio, malos olores o vertidos.
Naciones Unidas alerta de que más de 3.500 millones de personas en el mundo siguen sin acceso a saneamiento seguro, una cifra que sitúa en perspectiva el valor de contar con una red de saneamiento. “Cuidar nuestras infraestructuras es responsabilidad compartida entre todos”, afirman.
Cierre de playas derivados del mal uso
Un caso práctico de los efectos derivados en la red sucedió el pasado 6 de noviembre de 2025, cuando el Ayuntamiento de Candelaria ordenó el cierre temporal de la playa de Los Guanches después de detectarse un vertido en la zona de baño.
La decisión se adoptó de manera preventiva. A su vez, se analizaban las muestras de agua para determinar si existía algún riesgo para los usuarios. Según explicó entonces Aqualia, la incidencia se habría originado por una “obstrucción en la red de saneamiento”, y se determinó una relacionación con restos de obra cuyo origen no había sido determinado, a la que se sumó la acumulación de toallitas y otros residuos sólidos.
El atasco provocó la filtración de aguas hacia el litoral y obligó a cerrar el acceso a la playa.
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