Las seis clínicas que Vivanta tenía instauradas en Tenerife (Tres de Mayo, El Médano, San Cristóbal de La Laguna, El Sobradillo, Puerto de la Cruz y Costa Adeje) permanecen cerradas desde el pasado 27 de octubre y hasta nuevo aviso.
Colgado de sus puertas o cristaleras solo queda un escueto folio: “Esta ubicación suspende temporalmente su actividad”, junto a un código QR que remite a la web de la empresa. Cuando se dirige la cámara del teléfono al símbolo, la compañía informa de la situación financiera a sus pacientes; se encuentran en concurso de acreedores, lo que ha abierto un proceso de venta de las clínicas. Aseguran que esperan cerrarlo “en las próximas semanas”. Y a su vez, les piden sus datos a los clientes para avisarles de una eventual reapertura. “Ya le llamaremos”.
Esta situación es la que se han encontrado recientemente cientos de usuarios de Tenerife, aunque el cierre de la cadena ha afectado al conjunto de la red en España.
El grupo, uno de los más cotizados en el país en este sector, no pudo sostener la actividad después de que caducara la semana pasada la oferta de Donte Group, propietario del grupo de clínicas dentales Vitaldent, para adquirir 61 de sus 124 clínicas totales, subrogar 656 de los 1.335 contratos y asumir los cerca de 30.000 tratamientos pendientes en toda la red.
La operación quedó bloqueada por el rescate de 40 millones de euros que la SEPI concedió a Vivanta en 2022 para salvarla de la pandemia.
La oferta no contemplaba devolver ese dinero, y la SEPI se opuso, porque un cambio de dueño “no borra la deuda con el Estado” y, si el comprador quedara libre de ella, Bruselas tendría que autorizarlo para que no se considerara una ayuda ilegal.
La jueza del concurso consultó a la Comisión Europea, pero la oferta caducó sin respuesta.
Sin comprador y sin dinero, la administración concursal optó por una “liquidación ordenada”, basada en cerrar las clínicas para no agotar la poca caja que quedaba. Sus propias previsiones advertían de que en la última semana de octubre, con las nóminas y la Seguridad Social por pagar, el agujero rondaría los tres millones de euros.
ALINEADORES Y ESTUPEFACCIÓN
El concurso, sin embargo, a día de hoy no se encuentra totalmente cerrado. Diversas fuentes de medios económicos nacionales informan de que, en el caso de que la Comisión Europea autorice finalmente la venta, podrían llegar nuevas ofertas, incluida otra del propio Donte Group.
Anabel Vera Díaz, madre soltera de dos hijos, tenía cita concertada el pasado 27 de octubre, a las cuatro de la tarde, para recoger sus siguientes alineadores de ortodoncia invisible. La cita estaba confirmada. Un día menos para tener la sonrisa que siempre deseo. “Llegué y me encontré un triste cartel en la puerta”, cuenta. No estaba sola. Otras cinco personas esperaban estupefactas ante la clínica cerrada.
Asegura que adelantó el pagó de 3.800 euros para cubrir su tratamiento, tras haber pedido un préstamo al banco. Aún no había llegado ni a cubrir ni la mitad del mismo. “La empresa no se ha puesto en contacto conmigo de ninguna forma. He pedido mi historial médico y me responden que la empresa ha cesado su actividad”, explica. “Solo nos dicen que nos dirijamos a Consumo”.
Lo que más le preocupa, como no puede ser de otra forma, es el estado de su boca. “Tendría que cambiar los alineadores la semana que viene, y si me los quito, los dientes volverán a como estaban antes”, advierte Vera.
Acudir a otra clínica ahora mismo no es una opción, pues ante el dispendio, afirma no tener capacidad económica para meterse en otro préstamo. “Me siento fatal. Ayer estuve todo el día llorando. Es un dinero que he pagado con mucho sacrificio y quitándome de muchas cosas”.
Asegura conocer al menos otros diez casos de la misma clínica. Algunos de los tratamientos oscilan según su relato entre los “5.000 y 7.000 euros”.
“Tengo que pagarlo y no lo voy a recibir”
Otra afectada, pensionista con problemas de movilidad y que requiere de la asistencia de otra persona (y que prefiere no revelar su identidad), aceptó un presupuesto de 1.400 euros y, para afrontarlo, pidió un préstamo al banco. “Me cobraron todo por adelantado”. Hecha la ley hecha la trampa. Le hicieron dos empastes y le tomaron moldes. “Me dijeron que en agosto el laboratorio no funcionaba y que ya me llamarían”.
Esa sería la última vez que sabría de ellos.
Llevaba más de un mes sin noticias. Sin llamadas. Sin nadie que le contactara para acudir a una cita.
Se enteró del cierre por terceros; al llamar, solo le respondía un contestador autómatico robótico. Prevé denunciar en los próximos días, aunque requiere para ello de la ayuda de su hija.
“Soy pensionista, cobro una pequeña paga. Tengo que estar pagando hasta 2028 por algo que no voy a recibir. Ya me moriré con la boca así”, asevera.
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