Más de un centenar de vecinos del edificio Garen, ubicado en la urbanización Sibora, en Los Silos, denuncian graves inundaciones de aguas fecales por la “negligencia y pasividad” del Ayuntamiento.
La situación se remonta a diciembre de 2025 y responde, según los afectados, a la falta de mantenimiento de un depósito municipal y el cierre de su desahogo de emergencia. Ello provoca que cada vez que llueve o se averían las dos bombas de esta instalación, se producen desbordamientos de aguas fecales.
El miércoles, como consecuencia de la borrasca Charles, la situación volvió a agravarse. Las aguas residuales llegaron a los garajes -hay al menos un vehículo afectado- y los vecinos temieron que entraran en sus viviendas, como ocurrió en febrero de 2026, cuando se inundaron dos de la parte baja del inmueble.
El presidente de la comunidad, Jesús Manuel Hernández, asegura que el concejal de Aguas, Adán López, “sabía desde el pasado viernes que las bombas no funcionaban, pero no ordenó su reparación pese a activarse dos veces el Plan de Emergencia Municipal (PEMU)”. Y pese a que contactaron directamente con él, “ni siquiera se ha personado en el edificio ni ha ofrecido una solución efectiva”, se lamentan.
Las personas residentes en las 50 viviendas están cansadas de que el Consistorio no les ofrezca una solución. El edificio lleva más de 20 años conectado al depósito sin haber registrado incidencias hasta el último año, una exigencia que además, partió del propio Ayuntamiento en 2005 para poder concederles la cédula de habitabilidad.
Por eso los afectados achacan el “colapso” a la actual Corporación municipal y a los motivos antes citados. Para demostrar el origen de las filtraciones, la comunidad encargó diversos informes técnicos que avalan que el problema no procede de las instalaciones del edificio, sino de las deficiencias y la “negligente gestión” de la infraestructura municipal.
Desde la comunidad, critican que el Ayuntamiento se haya limitado a aplicar medidas provisionales que no resuelven el problema de raíz. En concreto, que en las dos últimas semanas haya enviado hasta en cinco ocasiones camiones cuba para vaciar el depósito, “un gasto continuo de recursos públicos que resulta completamente inútil en cuanto vuelven las precipitaciones o fallan las bombas”, argumentan.
Han enviado varios comunicados y en marzo recibieron uno del Ayuntamiento mediante el cual obliga a los propietarios a desconectarse del sistema municipal y les adjunta un proyecto con un presupuesto que sobrepasa los 20.000 euros -el Ayuntamiento defiende que son unos 8.000 euros- “pero sin ningún informe técnico”.
Por el contrario, el encargado por la comunidad confirma que la propuesta “es inviable ya que el problema no desaparecerá” y sugiere que el Consistorio actualice el cuadro eléctrico del depósito municipal y contrate más luz para que puedan funcionar las dos bombas. La misma fue presentada como una alegación a la que, nueve meses después, no se ha respondido.
“Quienes vivimos en el edificio estamos abiertos a dialogar pero no estamos dispuesto a ejecutar una obra que ya cuenta con un informe técnico que advierte que es inviable y que, además, tenemos que costear con nuestro dinero”, advierte Hernández.
El Gobierno (PSOE-USP) explica que durante años el funcionamiento del sistema presentó problemas recurrentes, principalmente relacionados con las bombas encargadas de impulsar las aguas residuales. A esta circunstancia se suma que el edificio no dispone de una red separativa de aguas pluviales, y por eso, durante episodios de lluvia, estas terminan incorporándose al sistema de evacuación.
Además, añade, la salida de las aguas residuales cuando el pozo alcanzaba determinados niveles o se producía un fallo en el bombeo hacia el entorno de la playa de Agua Dulce fue objeto de una denuncia por parte del Seprona, razón por la cual se clausuró. Una decisión que, según el Ejecutivo municipal, “terminó haciendo visible el problema existente en el sistema de evacuación del edificio, que ya existía con anterioridad”.
Hace más de un año el Ayuntamiento contrató a una empresa especializada para analizar las instalaciones y estudiar las alternativas técnicas posibles. El informe determinó que la solución definitiva pasa por conectar el edificio Garen a la red de saneamiento municipal, eliminando la dependencia del actual sistema de bombeo y permitiendo su posterior clausura para el edificio.
Ello permitiría resolver de manera permanente los problemas asociados al bombeo, evitaría la posibilidad de nuevos vertidos al litoral, y eliminaría los costes de consumo energético y mantenimiento vinculados a una instalación que presta servicio solo a este inmueble.
Una vez identificada la solución técnica, el Ayuntamiento ha requerido a la comunidad de propietarios que lleve a cabo las obras necesarias y tiene una orden de ejecución para realizarlas y poner fin a esta situación “a la que han hecho caso omiso”. Debido a ello ha iniciado la aplicación de multas coercitivas, como instrumento previsto para conseguir su cumplimiento.
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