pleno de candelaria

Mari Brito acusa de “deslealtad y desobediencia” al secretario municipal

Los reproches de la alcaldesa de Candelaria a Octavio Fernández, durante una larga hora, marcaron un pleno que evidenció el “divorcio” entre las primeras autoridades municipales
Octavio Fernández, secretario municipal de Candelaria / NORCHI
Octavio Fernández, secretario municipal de Candelaria / NORCHI

El clima irrespirable que se vive en la segunda planta del Ayuntamiento de Candelaria, en el pequeño pasillo que separa la Alcaldía de la Secretaría, pese a tratarse de ocultar con paños calientes, quedó evidenciado en el largo pleno (más de seis horas y media) que tuvo lugar ayer.
El portavoz de Vecinos por Candelaria, antes del PP, José Fernando Gómez, lanzó el señuelo, apoyándose en la carnada del secretario municipal, y la alcaldesa explotó: “Hay una pérdida de confianza y una manifiesta deslealtad del secretario”, cuando trataba de explicar que en la exposición de Gómez no cabía el comentario sobre dos informes redactados por el secretario (Octavio Fernández) sobre el expediente del punto 13 del orden del día, que trataba la declaración de sectores, servicios y programas prioritarios a efectos de contratación de personal temporal del Ayuntamiento.
Esta era la segunda vez que Mari Brito amenazaba a Gómez con quitarle la palabra, tras haberla hecho cuando se trataron los puntos octavo y noveno para renovación de poliza de crédito para las empresas municipales de la Vivienda (250.000 euros) y Epelcan (300.000). Precisamente las contrataciones de esta última empresa municipal, que el secretario insiste en que son ilegales -aunque la mayoría de ellas, en 2010, están firmadas por él- fue uno de los detonantes de la agria bronca entre las dos primeras autoridades municipales, a nivel político y funcionarial.
[su_pullquote]Redactó un informe a espaldas de la alcaldesa donde dijo contar “Hasta 17 ilegalidades” en las bases de la Fundación y epelcan para contrataciones [/su_pullquote]
Octavio Fernández insistió que amparándose en la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se pueden crear unas bases de contratación, como redactaron la Fundación y Epelcan, antes de que el pleno apruebe, como viene haciéndolo desde 2013, los sectores prioritarios. En esas bases, el secretario dijo que se enteró por el BOP y que en ellas “advertí hasta 17 ilegalidades”. Sin embargo, el interventor, Nicolás Rojo, aludió a la misma Ley para recordar que “habla de Ayuntamiento y organismos autónomos, no de empresas o sociedades municipales”, una controversia más entre secretario e interventor, que también tiene como víctima a la vicesecretaria, Yolanda Navarro.
La bronca prosiguió en aumento cuando Brito acusó al secretario, además, de “desobediencia”, al recordarle que hizo un informe jurídico sin su consentimiento y que “lo escondió hasta el lunes”, añadiendo además que no se ha hecho “ninguna contratación ni en la Fundación ni en Epelcan”, y que no se haría hasta que se aprobara el punto, como finalmente sucedió y que dejó abierta heridas difíciles de curar y en un segundo plano casi todos los puntos del orden del día de un largo pleno, en donde Mayca Coello (Sí se puede) volvió a insistir en la falta de “transparencia” del grupo de gobierno y donde volvió a estar presente la manida frase del “ya estamos en ello” para no aprobar mociones de la oposición.

Airam Pérez Chinea, concejal de Hacienda / NORCHI
Airam Pérez Chinea, concejal de Hacienda / NORCHI

 

Un centro sociosanitario para el Valle de Güímar

Tras la iniciativa liderada por un vecino de Candelaria, Celestino Darias, que recopiló miles de firma en todo el Valle de Güímar, Arico, Fasnia y El Rosario, el Pleno aprobó ayer una moción institucional para trasladar al Cabildo la necesidad de que el Valle de Güímar y su comarca puedan disponer de un centro sociosanitario de tercer nivel para enfermos crónicos, después del anuncio de la institución insular de crear tres centros de este tipo en la Isla (Sur, Norte y área metropolitana). La edil de Servicios Sociales, Olivia Pérez, reconoció que “soy consciente de esa necesidad”y en la moción se recogió trasladar el acuerdo al resto de ayuntamientos para aprobarlos en pleno y trasladar la propuesta en conjunto al Cabildo.También se trató en el Pleno que la tasa de la basura sea cobrada por el Consorcio de Tributos y no de Aqualia, como hasta ahora, pago que se realizará desde julio y que no subirá de precio (11.90 euros cada dos meses), a pesar de que se está trabajando en la nueva ordenanza de la tasa del  servicio y en la licitación de un nuevo concurso para la recogida de residuos sólidos y limpieza viaria, anunció el concejal Airam Pérez Chinea.

 

 

 

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