El Pleno del Ayuntamiento de Candelaria aprobó en la sesión celebrada el pasado 28 de mayo, un plan de comprobación y control de todas las viviendas vacacionales existentes en el término municipal, con el objetivo de separar las que están en regla de las que no, y dejar al descubierto las que operan al margen de la ley. En palabras del propio Consistorio, “el Ayuntamiento perseguirá a los que infrinjan la ley”.
Según lo expuesto, en el municipio constan de “unas 650 viviendas vacacionales con declaración responsable”. Sobre cada una de ellas se elaborará un análisis jurídico individualizado que quedará reflejado en una memoria, dentro de un régimen transitorio de cinco años. Durante ese plazo, los propietarios que tengan el inmueble dado de alta podrán consolidar la actividad, siempre que cumplan con la normativa urbanística y de actividades.
El concejal de Vivienda, Reinaldo Triviño, subrayó que ahora, el Consistorio “ya tiene un plan para asegurar la buena gestión de la situación sobre la vivienda vacacional”.
La herramienta central será un censo municipal de viviendas vacacionales, que los servicios técnicos elaborarán partiendo del fichero Excel remitido por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. En él se volcará, para cada inmueble, su nombre, signatura o declaración responsable, dirección, número de dormitorios, plazas, referencia catastral y los expedientes asociados de urbanismo, actividades clasificadas y disciplina urbanística. Ese cruce de datos permitirá asociar a cada vivienda su historial administrativo completo.
Una vez confeccionado, el censo se llevará a la comisión de seguimiento, que se reunirá semanalmente para abordar, una por una, la casuística de cada vivienda. De ese análisis saldrá, en cada caso, un informe favorable o desfavorable.
El secretario municipal detalló ante la comisión los distintos escenarios posibles. El primero, como ya ocurre en otros municipios, es el de las viviendas que no figuran en la relación remitida por la Consejería, aquellas clandestinas y no susceptibles de consolidación, por lo que recibirán informe negativo.
Otro grupo lo forman las que no cuentan con alguno de los títulos habilitantes en materia de urbanismo. En estos casos cabe comprobar si el inmueble reúne la condición de vivienda legal y dispone de licencia de obra, de primera ocupación y cédula de habitabilidad, entre otras. De no acreditarlo, el informe será negativo. El plan introduce además un matiz revelador, que certifica que si una casa cuya infracción urbanística ya haya prescrito -y que, por tanto, el Ayuntamiento ya no pueda perseguir- sigue siendo una edificación ilegal y tampoco obtendrá el visto bueno.
A las viviendas que carezcan de comunicación previa de actividad clasificada se les abrirá un trámite de audiencia para que prueben su situación; si no cumplen, se declarará la ineficacia. Por último, sobre aquellas que arrastren atestados, denuncias, inspecciones o expedientes en tramitación pesará un requerimiento previo para que se ajusten a la normativa antes de emitir el informe
Comisión de trabajo
Para ejecutar el procedimiento se ha constituido una comisión de trabajo y seguimiento integrada por responsables políticos, jurídicos y técnicos. En esta, formarán parte la alcaldesa o concejal en quien delegue, el edil de Urbanismo, técnicos de Administración General, arquitectos o aparejadores encargados de informar e inspeccionar las viviendas, personal administrativo que recopilará los expedientes y un agente de la Policía Local para denuncias y atestados por ruidos, molestias o infracciones. Los criterios recogidos en el plan deberán ser analizados, además, por quienes ejerzan como agentes de la autoridad.
El plan responde a la Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que obliga a los ayuntamientos canarios a aprobar y comenzar a aplicar estos controles en un plazo máximo de ocho meses desde su entrada en vigor. El plan tendrá una vigencia máxima de cuatro años. Una vez aprobado, se remitirá copia al Cabildo de Tenerife y a la Consejería de Turismo, y posteriormente se elaborará una memoria evaluadora de los resultados obtenidos, que se enviará a ambas administraciones.
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