“Cómo es que el alcalde no se entera de una sanción de 400.000 euros”

La segunda y penúltima pieza separada del caso Arona 1 quedó vista para sentencia tras la declaración de los últimos testigos, la audición de las conversaciones telefónicas y las conclusiones finales tanto de la fiscal, María Isabel Silva Torres, como el letrado de la defensa, Juan Ramón Pitti.

En esta pieza se juzgó el papel que presuntamente hizo como intermediario el cabo de la Guardia Civil, José Manuel Rodríguez, en su afán por favorecer los intereses de los empresarios del Sur y del grupo de gobierno para “desbloquear la parálisis urbanística de Arona”, definición realizada por el presidente del CEST durante 14 años, Pedro Suárez, amigo íntimo del acusado.

La fiscal María Isabel Silva Torres, que no es la misma del macrojuicio del caso Arona 1, elevó a definitivas sus conclusiones, manteniendo la pena de seis meses de prisión y una multa de 30.000 euros.

La Fiscalía dejó constancia, después de las testificales y de las escuchas telefónicas, que José Manuel Rodríguez intentó mediar entre el exalcalde y el denunciante de las licencias irregulares, el exportavoz socialista Paco García Santamaría, para que este último votara a favor o se abstuviera en la concesión de licencias que estaban paralizadas en el Ayuntamiento. Para ello trató, sin éxito, al estar en vía de apremio, que se le rebajara la sanción que se le había impuesto al Camping Nauta, propiedad de la familia de García Santamaría, que sobrepasaba los 400.000 euros.

En una de las conversaciones interceptadas al guardia civil con el exconcejal amigo suyo, ya fallecido, Sebastián Martín, este se sorprendió que el entonces alcalde, José Alberto González Reverón, no recordara el expediente del Camping Nauta. “Cómo es que el alcalde no se entera de una sanción de 400.000 euros, como si se pusieran todos los días sanciones de esa calibre”, vino a decir, mientras repetía enfadado que “Berto no cumplió nada de nada, entonces de qué coño estamos hablando. Ya te dije que hace tiempo que no creo en los Reyes Magos”, le dijo a Martín, mientras este le respondía que “él me dice que no sabía nada de ese expediente”, algo que no se creyó José Manuel Rodríguez: “Eso no se lo cree él ni harto de grifa”.

Toda la argumentación de la fiscal para demostrar el tráfico de influencias del acusado pasó por probar su papel de mediador para conseguir rebajar la sanción municipal al Camping Nauta y que García Santamaría desestimara seguir con su oposición a la concesión de licencias con informes desfavorables, como las 205 que ya había denunciado ante la Fiscalía el 17 de enero de 2007. La fiscal concluyó que “a García Santamaría se le prometió algo que no pudieron cumplir, porque la sanción ya estaba en vía de apremio” y solo pudieron quitarle los 36.000 euros del recargo, tras no darle tiempo para tramitar el recurso.

El abogado de la defensa, José Ramón Pitti, solicitó la libre absolución para su representado, que según él toda su actuación en las tres reuniones que mantuvo en el primer trimestre de 2008 fue “por altruismo”, porque “aunque ustedes puedan dudarlo, todavía hay hombres buenos”, sin que se mostrara en todo el proceso ningún elemento probatorio que diga lo contrario, porque José Manuel Rodríguez nunca persiguió nada para él o para el empresario Pedro Suárez, “porque no había ninguna licencia sin tramitar de este empresario”, relató.
Pitti terminó sus conclusiones afirmando que el mayor castigo para su defendido es que desde entonces lleva “siete años en los que le han arruinado la vida”.