En contra de lo que sostiene el Ayuntamiento de Candelaria, el empresario Antonio Plasencia niega que sus empresas (PPL y Carlacand) deban algo más de un millón de euros (1.168.957) por el convenio de la cuarta planta en la rambla de los Menceyes.
La supuesta deuda está relacionada con las licencias de obras concedidas en el año 2004 por el Ayuntamiento de Candelaria para la construcción de cinco edificios de tres plantas de altura en la rambla de Los Menceyes que posteriormente se incrementaron, en base a los denominados convenios de cuarta planta.
En el año 2010, el Ayuntamiento acordó las liquidaciones propuestas por gestión tributaria que consistían en diferentes liquidaciones por las licencias de primera ocupación, licencias urbanísticas del reformado de las obras y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tramitándose tanto liquidaciones definitivas referidas a las obras del edificio inicialmente proyectado y como liquidaciones provisionales las referidas a la reforma.
Las empresas recurrieron al no estar conformes con el criterio con que se había calculado la base imponible, recursos que ganaron, por no aplicar la ordenanza municipal de 2003 en el ICIO y no la de 2006 por considerar que el devengo del impuesto se había producido en 2004.
En todo caso, la cantidad no recaudada por estos conceptos a la empresa Carlacand y Promotora Punta Larga supera al millón de euros, (1.005.875,29 euros en concepto de ICIO y 153.082,65 euros en concepto de licencias urbanísticas) tal y como figura en las cuentas generales del Ayuntamiento del año 2010, 2011 y 2012 que se reflejan como saldos de dudoso cobro. Pese a la resistencia de Antonio Plasencia, desde el Ayuntamiento se sigue insistiendo en reclamar la deuda y no descartan hacerlo por la vía judicial.
Despido del gerente
La alcaldesa Mari Brito rescindió en abril el contrato de Juan José Acosta como gerente municipal, tras ser fichado por José Gumersindo García, anterior alcalde, en 2008. Se le ha liquidado con 7 días por año trabajado y él exige 45 días como recoge el contrato blindado firmado por el anterior alcalde y que además está sujero al dictamen de la Justicia, al ser denunciado el contrato por la anterior portavoz nacionalista en el Consistorio, Nazaret Díaz.
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