El caso Arona 1 quedó visto para sentencia hace unas semanas, pero todavía quedan pendientes piezas separadas, una de las cuáles comenzó a ser juzgada hoy, en la que el excabo de del servicio de información de la Guardia Civil de Playa de las Ámericas, José Manuel Rodríguez, se sienta en el banquillo acusado de tráfico de influencias y para el que la Fiscalía pide seis meses de prisión y 30.000 euros de multa.
Ante el mismo tribunal que la juzgó a los trece acusados de la pieza principal y el que lo hizo en la primera pieza separada en donde fueron condenados el exalcalde, José Alberto González, Reverón y el exedil de Urbanismo, Antonio Sosa, José Manuel Rodríguez insistió que su intervención en este caso se debió exclusivamente a título personal, “nada profesional” y sin otro interés que “ayudar a limar asperezas” entre conocidos, en este caso el denunciante, el exportavoz socialista Paco García Santamaría y el exalcalde, José Alberto González Reverón, como queda reflejado en las conversaciones telefónicas interceptadas. Rodríguez negó que fuera él quien organizara la comida en abril de 2008 en la casa del empresario y amigo suyo, Pedro Suárez, en la que estuvo presente junto a miembros del grupo de gobierno y socialistas. “Solo de trataba de lograr el acercamiento entre dos amigos que no se dirigían la palabra después de la denuncia sobre las licencias de Paco García Santamaría”, añadiendo que en aquella reunión “se habló de desbloquear la situación creada en Arona, con todas las licencias paradas”, pero de ninguna en concreto, y menos que afectaran a Pedro Suárez, administrador de Gomasper y presidente del CEST (Circulo de Empresarios del Sur) en aquellas fechas.
Pedro Suárez, en calidad de testigo, juró por sus padres que “nunca he comprado a nadie ni he pedido una licencia fuera de la Ley”, y relató que esas reuniones en su casa eran normales, porque “las hice también con otros ayuntamientos y con alcaldes, gobierno y demás”, afirmando que la misma la organizó el CEST, porque “había una preocupación grande entre los 700 socios para destrabar licencias y pequeños negocios”, negando que fuera él quien redacta la lista de comensales del aquel día, en la que mató un cochino negro para degustar.
La fiscal María Isabel Silva Torres trató de demostrar el papel de intermediario del acusado José Manuel Rodríguez, mientras el letrado de éste, José Ramón Pitti, insistía en que su cliente no tenía ningún interés personal en el asunto tratado.
Sin embargo, José Manuel Rodríguez tuvo una participación importante, como presunto mediador, para tratar de convencer a Paco García Santamaría para desbloquear la “parálisis de las licencias urbanísticas”, utilizando para ello la sanción por irregularidades que el Ayuntamiento puso al Camping Nauta, propiedad de los García Santamaría, justo fechas después de que el exportavoz socialista presentara la denuncia en Fiscalía Nacional sobre la presunta ilegalidad de 206 licencias y 75 contrataciones a dedo.
Rodríguez recordó que tras aquel año fue cesado de su puesto, perdió su casa y fue trasladado a Majadahonda (Madrid), perdiendo 500 euros al mes. Tras aquella comida en casa de Pedro Suárez, el grupo municipal pidió asesoramiento a José Antonio Valbuena (consejero del Cabildo), que les aconsejó que no votaran a favor de las licencias con informes jurídicos desfavorables.
“Un político no impulsa o paraliza un expediente de licencia”
El exalcalde Berto González Reverón, admitió, en calidad de testigo, que las reuniones tenían el objetivo de buscar el apoyo o la abtención de los concejales socialistasen los plenos para desbloquear las denuncias sobre las licencias urbanísticas, a raiz de un informe del urbanista Martín Orozco, e insitió en que “un político no impulsa o paraliza un expediente de licencia”. En este primer día -hoy llegarán las conclusiones- también declararon como testigos Antonio Sosa (CC), Paco García Santamaría y Pablo Hernández (PSOE), Javier Cabrera Amador (Gomasper), comensales en abril de 2008 en casa de Suárez.
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