Cerca de la mitad de núcleos urbanos de la Isla no cumplen los parámetros establecidos por la Unión Europea en materia de saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Aunque el problema está ya detectado en el Plan Hidrológico, la crisis económica no ha favorecido a que se llevasen a cabo las mejoras necesarias para paliar esta problemática. De hecho, en el mencionado documento, elaborado por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT), se establece que la Isla necesita una inversión de más de 255 millones de euros para hacer frente, a corto plazo, al actual déficit en esta materia y, por tanto, evitar las posibles multas que puedan venir acarreadas por el incumplimiento de la normativa europea. Del total, la mayor parte, cerca de 216 millones, se corresponden a actuaciones de depuración, mientras que los casi 40 millones restantes se refieren a alcantarillado, responsabilidad municipal.
Para ello, el Cabildo de Tenerife, en coordinación con el Gobierno central, ha programado cinco macroproyectos en distintos puntos de la geografía insular, para hacer frente a la situación actual, informó a DIARIO DE AVISOS el consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, quien recalcó que el CIAT lleva ya tiempo trabajando para hacer frente a esta carencia y, de hecho, hay un buen número de iniciativas ya redactadas que no se han podido ejecutar pro los recortes económicos.
Los cinco macroproyectos puestos sobre la mesa incluyen distintas actuaciones, como depuradoras comarcales, redes de saneamiento y estaciones de bombeo. Sin embargo, aún faltarían obras de mejora de alcantarillado, que deberán impulsarlas los ayuntamientos. Una herramienta para ello son los planes de cooperación municipal que, como ya reflejó este medio, a partir del año 2018 van a priorizar las obras de saneamiento en aquellas localidades que no tengan sus redes de acuerdo con la directiva europea.
Los proyectos estratégicos planteados por el Cabildo y el Estado tiene consignados, a priori, una partida de 78 millones de euros, de los cuales la intención es afrontar el 85% a través de fondos europeos (Feder) y que el 15% restante lo financie el Gobierno central. Pese a este primer acercamiento, no existe hasta ahora un convenio firmado para el desarrollo de las grandes actuaciones.
Este conjunto de iniciativas se ubican en cinco puntos: Arona este-San Miguel, por valor de 25 millones de euros; Santiago del teide- Guía de Isora, por 20 millones; la comarca de Acentejo, por 10 millones; Granadilla, por 15 millones; y La Orotava, por ocho millones. Aunque estas cuantías que suman los 78 millones de euros están consignadas, aún quedarían otros tantos para ejecutar las mejoras necesarias para suplir las deficiencias.
En cuanto a la fecha de ejecución, el consejero matizó que se desconoce en qué momento pueda estar finalizado este plan, teniendo en cuenta que se trata de un número elevado de actuaciones y de un valor considerable, pero se mostró confiando en que los trabajos puedan arrancar en los próximos años. Aún así, matizó que los tramites administrativos pueden demorar los plazos, y más en este tipo de obras que requieren diversos informes.
Además de estos cinco ejes, se han tenido en cuenta obras de ampliación y mejora en otras depuradoras tinerfeñas, como son la de Adeje-Arona, que estará en servicio en 2017, la de Valle Guerra y la de Santa Cruz. De igual modo, el Cabildo pretende ejecutar con fondos propios la estación de Güímar, para lo que espera que el Gobierno canario le ceda el terreno próximamente.
Solicitan fondos al Estado y al Gobierno de Canarias
El pleno del Gobierno insular aprobó el pasado mes de noviembre, a propuesta del consejero de Aguas, Manuel Martínez, una moción para solventar los distintos problemas relacionados con el tratamiento de aguas residuales en la Isla. Tras la aportación de datos del responsable del Consejo Insular de Aguas, todos los partidos apoyaron el documento, que fue aprobado como institucional, entre los que se recoge aspectos como la petición del 15% de los fondos necesarios al Estado para hacer frente a las inversiones. Además, se solicita la participación económica del Gobierno canario.
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