Los ingresos por la venta de los tres casinos irán destinados a dotaciones sociosanitarias

El pleno del Cabildo aprobó con los votos a favor de CC, PSOE y PP el inicio del proceso de desinversión en las empresas de juego
Casino de playa Las Américas. / DA
Casino de playa Las Américas. / DA

El Cabildo de Tenerife tomó la decisión, por unanimidad de sus fuerzas políticas, de vender los tres casinos en el año 2013. Ahora, tres ejercicios más tarde y un intento sin éxito de desinvertir en la empresa de Playa de Las Américas, el Gobierno insular ha cambiado su estrategia. El pleno de ayer aprobó, con los votos a favor de Coalición Canaria (CC); Partido Socialista (PSOE) y Partido Popular (PP) y el voto en contra de Podemos la enajenación de los tres casinos, ubicados en Santa Cruz, Puerto de la Cruz y Playa de Las Américas, que en esta ocasión saldrán a la venta de forma conjunta.

Al respecto, el presidente de la Institución insular, Carlos Alonso, adelantó que la intención es destinar la totalidad de los recursos económicos que se obtengan por esta operación al plan de acción social. Esta iniciativa cuenta, de momento, con una inversión para los próximos años de 68 millones de euros, con el fin de poner en marcha infraestructuras sociosanitarias que generen la creación de cerca de un millar de plazas de atención a la dependencia.

Ahora, una vez aprobado iniciar el procedimiento para la venta de las tres empresas, el Gobierno insular tiene previsto sacar a licitación la tasación de estas tres entidades, para posteriormente licitar la desinversión. Cabe recordar que la sala de juego ubicada en Adeje salió a la venta por 20,8 millones de euros y, pese a que en un primer momento tres empresas mostraron su interés, finalmente ninguna formalizó una oferta. La idea es que esta compra conjunta de las tres entidades públicas esté ligada a una inversión importante en la Isla, además de exigir que se mantengan las condiciones laborales de la plantilla, entre otros requisitos.

Este punto del día levantó ayer las críticas de la formación morada, que tachó de “vergüenza” la mencionada operación. El consejero Julio Concepción denunció que esta operación puede poner en peligro los ingresos de 200 familias y abogó por que el Cabildo mantuviese la propiedad de las empresas, ya que generan beneficio. El socialista José Antonio Valbuena recordó el litigio en el que se vio envuelto el Cabildo por la venta del casino del Sur, que fue favorable para la Corporación insular, y que una parte de la plantilla de los casinos está a favor de la venta.

El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, explicó que el Cabildo acordó por unanimidad en 2013 la venta de estas tres empresas y que el objeto de ellas no tiene que ver con un servicio público, lo que a su juicio respalda la decisión insular. Esta venta, además, fue apoyada por el portavoz del PP, Manuel Domínguez, quien matizó que estas entidades “tenían que haber sido privadas desde un inicio”.

En otro orden de cosas el pleno del Gobierno de la Isla también aprobó el Marco Estratégico de Desarrollo Insular, que en coordinación con los ayuntamientos, supondrá la inversión de cerca de 2.200 millones de euros en los próximos diez años en Tenerife en diversos ámbitos.

[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]El equipo de Gobierno rechaza suspender la Vía Exterior pero pide otras soluciones para los atascos

El equipo de gobierno insular, formado por CC y PSOE, y el PP rechazaron ayer la moción de Podemos en la que solicitaba la supresión del proyecto de la Vía Exterior. Pese a ello, aprobaron las tres formaciones una moción alternativa en la que se solicita al Gobierno de Canarias la búsqueda de soluciones viarias, allternativas a la mencionada autopista entre El Chorrillo y Guamasa, para solucionar las colas que se producen a diario en la TF-5. Además, se insta a la Comunicad Autónoma, en el mencionado texto, a iniciar la redacción del carril bus-vao en la Autopista del Norte, a promover las obras del cierre del anillo insular y a la mejora de las tarifas del transporte público. No obstante, el texto alternativo recoge que la solución que finalmente se adopte deberá ser compatible con las decisiones de cada municipio acerca de su planeamiento. [/su_note]

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