La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Tenerife (PATH) hacía público ayer un comunicado en el que denunciaba el desahucio que pesa sobre una vecina del santacrucero barrio de Añaza, en paro, con un hijo de 14 años y que el día 1 de julio puede verse obligada a abandonar su vivienda. El caso, denuncia la PATH, es más sangrante si cabe, al tratarse de uno de los pisos de alquiler social pertenecientes al convenio firmado por el Ayuntamiento de Santa Cruz con Banif, entidad perteneciente al Banco Santander. Sin embargo, ayer, desde el Consistorio, se afirmaba que el desahucio se ha suspendido al abonar el IMAS las ayudas de alquiler de diciembre a marzo, que adeudaba a la entidad.
Según explicaron fuentes municipales, la sociedad ha considerado que “la rápida respuesta municipal”, y aunque se deben los meses de abril, mayo y junio, es suficiente para suspender el lanzamiento. Aún así, explica el Consistorio, y por seguridad, se decidió activar el Protocolo Antidesahucio el pasado viernes.
Frente a esta información, la PATH sostiene que “a fecha de hoy” no existe comunicación oficial de que se haya paralizado el desahucio, a pesar incluso de que la afectada ya pagó el alquiler de los meses que aún debe el IMAS.
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