
Representantes de la Plataforma por la Dignidad y de IU de Arafo, en concreto Eloy Cuadra y Francis Hernández, pusieron ayer en conocimiento de la Fiscalía Provincial el asunto de la posible compra de votos del alcalde de Arafo en las elecciones municipales de mayo de 2015.
Cuadra y Hernández presentaron al Ministerio Fiscal la denuncia que una madre vecina de Santa Cruz en situación precaria con tres hijos a cargo ya había hecho pública en días pasados, cuando declaró por escrito y ante una cámara, que lleva cinco años viviendo en El Sobradillo y que a pocos meses de las pasadas elecciones de mayo de 2015, el actual alcalde contactó con ella para comentarle que la ayudaría si se empadronaba en Arafo, donde vive su madre. Una vez empadronada en Arafo, la única ayuda que le ofreció fue algo de material de obra que ella no necesitaba. La madre denuncia también que el día de las elecciones vino a su casa un coche con un concejal del Ayuntamiento que la acompañó a votar a Arafo con el correspondiente sobre con la oportuna papeleta dentro de AiA, el partido del alcalde, y que después de votar la volvieron a dejar en su casa de Santa Cruz.
La madre (Teo Expósito) se puso en contacto con la Plataforma por la Dignidad y al sentirse “engañada y utilizada por el alcalde” quería denunciarlo. Recuerdan los denunciantes que para las elecciones de mayo de 2015, era necesario para poder votar en Arafo estar empadronado en ese municipio a 31 de diciembre de 2014 como muy tarde. “Esta madre asegura que la empadronaron en Arafo ya entrado el año 2015, y por la documentación a la que hemos tenido acceso hay fechas que no cuadran en el padrón de Santa Cruz y el de Arafo, andando todo muy ajustado al mes de diciembre de 2015, apenas unos días antes de que se cumpliera el plazo”, afirman. “También hemos observado algunas contradicciones y errores en los datos vertidos por el alcalde a los medios cuando se le interpelaba por este asunto”. “Todo ello nos hace creer que hay base suficiente para que la Fiscalía abra una investigación, con más razón si cabe cuando también hemos puesto en conocimiento de la misma dos casos más de presuntas compras del voto por parte de Lemes en mayo de 2015. Uno de los casos al parecer y según nos refieren madre e hija, también a cambio de ayudas, y en otro de los casos mediando el pago de una cantidad de dinero. Ambos supuestos nos han llegado una vez que se hizo pública la denuncia de la madre citada en primer término”, afirma Eloy Cuadra.
Mientras José Juan Lemes insiste en negar que esas ayudas dadas a estas personas fuera a cambio del voto – “ni siquiera lo pido en campaña, afirma-, desde la Plataforma por la Dignidad afirman que la denuncia tiene como “único objeto, erradicar de una vez por todas estas caciquiles y delictivas prácticas que tanto daño hacen a nuestra democracia. Caciquiles porque son de uso antiguo y preferente en municipios pequeños donde la red clientelar es más fácil de establecer. Y delictivas porque así lo afirma la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, cuando en su artículo 146.1 establece que serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses, quienes por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención, que se agravan más cuando se trata de un funcionario o manipulación del padrón municipal”.