Medio centenar de familias del bloque 101 de la urbanización de Las Retamas, en el distrito Ofra-Costa Sur de la capital tinerfeña, han hecho público un duro comunicado en el que acusan al Ayuntamiento de Santa Cruz de ejecutar un “embargo ilegal” de sus cuentas por una deuda tributaria “inexistente”. Aseguran que viven una “pesadilla” desde hace seis meses con el área de Hacienda del Consistorio capitalino.
Según detallan, en diciembre pasado, los propietarios de este edificio que data de los años 70 -en su origen viviendas sociales- estuvieron casi todo el mes con la cuenta embargada por una “inexistente” deuda tributaria de 5.000 euros, con un primer embargo de 3.911 euros, de la que se enteraron cuando la cuenta ya estaba bloqueada.
Afirma esta comunidad de propietarios -la mayoría jubilados, de baja renta, que ni siquiera pueden contar con administrador- que la indignación fue máxima al comprobar que la mayor parte de las deudas reclamadas por el IBI correspondían a direcciones de otros edificios, no del suyo.
Finalmente, el Ayuntamiento ejecutó un embargo por 1.500 euros, por el IBI de 2003 a 2008 de una antigua portería, pero, al consultar el expediente administrativo, los afectados comprobaron que nunca les fue notificada tal deuda, porque el aviso de notificación se remitió a otra dirección que no es la suya.
Aseguran que, por acuerdo unánime de la junta de propietarios, han decidido hacer pública esta situación por la “injusta situación” que están pasando y ante la amenaza de otro embargo, ya que en 2014 y 2015, cuando fueron a pagar el IBI en sendos periodos voluntarios, el Consistorio argumentó un problema para emitirlo y que les llegaría, sin recargo. Finalmente llegó junto a la tasa de basura de la antigua portería que lleva años deshabitada y que nunca les habían reclamado. En total esta deuda, sí notificada, suma más de 900 euros, con recargo.
Y se da la” fatal” circunstancia de que en diciembre, cuando estos vecinos acudieron a abonar esta deuda, y a pedir su fraccionamiento, ya se había producido el citado embargo que consdieran ilegal. Ante esto, explican, “el servicio municipal de Tributos, sin responder a esa solicitud de fraccionamiento, pese a ser sabedor de las irregularidades comunicadas por escrito en el embargo llevado a cabo, lejos de permitir un desahogo a esta comunicad, lo que ha hecho es ahogarla aún más, dictando una providencia de apremio para que se efectúe este nuevo pago, poniendo en una delicada situación económica a la comunidad, modo de actuar de todo punto injusto”
POSIBLE RESPONSABILIDAD PENAL
El abogado y portavoz de estos propietarios, Cristo Suárez Pimentel, sostiene que “se han conculcado con estos vecinos los más elementales principios de cualquier procedimiento tributario y de recaudación, llegando a ser la actitud de la Administración de una ilegalidad tan flagrante y burda que puede resultar incluso susceptible de responsabilidad penal”.
Para el represenante legal de estos vecinos, lo ocurrido constituye un “disparate jurídico y administrativo”, al que, a su juicio, debió dar marcha atrás de inmediato el Ayuntamiento en cuanto los afectados presentaron el primer escrito, a principios de diciembre de 2015.
Por ello, reclaman al Consistorio que les devuelva el dinero cobrado ilegalmente y les permita fraccionar el pago del IBI y la tasa de basura. “De no surtir efecto, solo quedará emprender acciones legales contra el Ayuntamiento, con una dolorosa derrama, y sin descartar la vía penal, así como movilizaciones”, exponen en su comunicado.
A juicio de estos comuneros, “sería una doble injusticia someter a una comunidad humilde de Ofra a afrontar los gastos de un litigio judicial, al igual que una irresponsabilidad política y administrativa dedicar recursos públicos a la defensa de lo que es indefendible: un embargo claramente ilegal”.
Ayer, el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, con quienes los afectados se reunieron en marzo, les citó para una nueva reunión, solicitada hace un mes por estos vecinos.
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