A pesar de los ímprobos esfuerzos que ha venido realizando la Consejería de Políticas Sociales desde que la vicepresidenta regional, Patricia Hernández, se pusiera al frente del departamento, la compleja herencia que recibió del anterior equipo hace que las cifras de la dependencia en Canarias continúen siendo escandalosas. No en vano, en una respuesta escrita a la diputada del Partido Popular (PP) Josefa Luzardo, la Consejería reconoce que desde 2014 ha tenido que abonar 7.770.122 euros a las comunidades de herederos de al menos 1.085 dependientes fallecidos. En concreto, en 2014 se liquidaron 650 expedientes, por los que se pagaron 5.585.867 euros; un año después, se reconoció la deuda con 383 familiares de dependientes fallecidos con derecho a prestación, a los que se abonó 1.915.594. Finalmente, en lo que va de año se han resuelto 52 procedimientos de este tipo, con un montante de 268.661 euros.
Desde Políticas Sociales, en la misma respuesta parlamentaria, explican que “la liquidación de cuantías pendientes de percibir no se realiza mensualmente, ya que no existe una cadencia suficiente para hacerlo de esta manera”. Lejos de mejorar, esta trágica situación continúa siendo muy parecida en lo que va de 2016. No en vano, hasta el pasado 30 de abril habían fallecido un total de 298 personas dependientes con reconocimiento de grado y sin prestación, una media de más de 74 al mes. Por ende, el departamento que dirige Patricia Hernández asegura que Canarias contaba con 16.284 expedientes pendientes de resolución el pasado 31 de diciembre, siendo solo 511 las resoluciones del Programa Individual de Atención (PIA) que se han firmado en el primer trimestre de este año.
Justo es reconocer, no obstante, que la Dirección General de Dependencia y Discapacidad incorporó este pasado mes de junio un total de 586 nuevas altas en el sistema, lo que constituyó el mayor incremento experimentado en un solo mes, algo que según la vicepresidenta y consejera del área era “impensable” hace tan solo un año. A modo de comparación, entre enero y junio de 2015 el número de altas que se dieron en el sistema ascendió a 400, frente a las 586 que se han dado en un solo mes en 2016. Del total de altas registradas en junio, 256 fueron altas de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, 122 eran prestaciones vinculadas al servicio, 162 correspondían a altas en centros públicos y 46 de teleasistencia.
Para la diputada popular Josefa Luzardo, se trata de cifras “escandalosas”, especialmente en lo que se refiere a la concesión del PIA, cuya media de espera supera los 1.300 días, es decir, cerca de tres años y medio de desesperación.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]La vicepresidenta Patricia Hernández dio la cara y pidió perdón a las familias
“Vuelvo a insistir en las disculpas a las familias en nombre de la Administración, aunque nosotros no tengamos la responsabilidad por esta situación, porque es a mí a quien me toca dar la cara ahora”. Así de explícita se mostraba en diciembre la consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, en una comparecencia donde confirmaba que su departamento contaría con un crédito extraordinario de 1,9 millones para tratar de acabar con esta dramática lista de espera.[/su_note]
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