La Plataforma de Afectados por las Hipotecas en Tenerife (PAH) asegura que continúan los desahucios a familias sin recursos por órdenes judiciales de lanzamiento a instancias de entidades financieras. Aunque el Gobierno canario ha intervenido para que estas situaciones no se produzcan, al menos sin un hogar alternativo, la PAH afirma que cuando los afectados ni acuden al Ejecutivo ni tampoco a tiempo a este colectivo, hay bancos que siguen adelante con el procedimiento, mientras que cuando el asunto salta a la opinión pública, lo suspenden.
Así lo manifiesta la portavoz de la plataforma, Inma Évora, quien se queja de que algunas de las medidas anunciadas o aplicadas por el Gobierno regional no están surtiendo aún efecto.
Entre ellas, la Oficina de Intermediación, un portal digital para dar asesoramiento a afectados por desahucios. “Este es un servicio que aún no está funcionando, al no contar con medios suficientes, dado que la intermediación no se puede hacer realmente en la web, sino de forma presencial, y tampoco hay convenio con el Colegio de Abogados”, subraya Évora.
Otro aspecto controvertido es el de los okupas desalojados por orden judicial. “La PAH”, afirma, “no legitima la ocupación de viviendas, pero es consecuencia de que el sistema ha fallado, por lo que también un okupa debe tener una alternativa habitacional”.
La plataforma expone también que las ayudas al alquiler a precios de mercado para una persona que ha tenido que afrontar un desahucio “no son la solución para la exclusión residencial”.
Por otra parte, este colectivo no ve necesario el convenio previsto entre el Gobierno y el Colegio de Abogados “pues el 99% de los afectados tienen derecho a justicia gratuita, dado que sus circunstancias económicas son malas o carecen de ingresos, y además es preciso que sean letrados especializados en esta materia”. Por ello, aboga por “otros modelos de asesoramiento más útiles”.
INFORMES DE LOS SERVICIOS SOCIALES
La portavoz de la PAH sí considera una medida interesante el próximo convenio entre el Gobierno regional y el Poder Judicial para fijar canales de información prioritarios de forma que el Instituto Canario de la Vivienda tenga conocimiento de casos de lanzamiento y pueda actuar.
No obstante, la PAH recuerda que ya viene solicitando a los servicios sociales municipales que no pongan trabas a dar a los afectados informes sobre su situación para que estos puedan incorporarlos en su defensa al procedimiento judicial de lanzamiento, como recomienda el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales.
En cuanto al convenio con la Sareb y Bankia para que cedan 100 viviendas sociales al Gobierno autonómico, Évora estima que estas entidades podrían aportar muchas más, “pues tienen miles vacías”. Es más, cree posible llegar a acuerdos con bancos e inmobiliarias para crear un gran parque de viviendas en alquiler social.
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EL GOBIERNO FIRMARÁ “EN BREVE” UN CONVENIO CON EL PODER JUDICIAL
El Gobierno regional espera firmar “en breve espacio de tiempo” un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que antes de que se produzca un lanzamiento el Instituto Canario de la Vivienda pueda actuar para evitar que la familia se quede en la calle, bien logrando la suspensión del desalojo o bien buscándoles un hogar alternativo.
Así consta en el dosier remitido a los medios por el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC), con un balance de la gestión del primer año del Ejecutivo, del que es vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales y Vivienda Patricia Hernández (PSOE).
El convenio, que el Ejecutivo autonómico ha remitido al CGPJ, ha sido elaborado con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y permitirá establecer canales de información prioritarios con tal fin.[/su_note]
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