El Gobierno de Canarias y el Parlamento, de los pocos que publican los contratos

Seis meses después de un primer análisis acerca de la la eficacia de la normativa sobre contratos públicos y licitaciones, la organización Transparencia Internacional ha comprobado que la mayor parte de las instituciones españolas no cumple la ley en esta materia. En lo que afecta a Canarias, ninguno de los cinco ayuntamientos de las Islas incluidos en una lista de 110 corporaciones municipales del país aparece entre las 33 que sí asumen las obligaciones de publicitar los documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Telde y Arona no consiguieron  revertir en julio el suspenso del examen de enero de 2016. En la calificación de Telde se anota que “publica parcialmente la información”  El nivel de cumplimiento en el cómputo nacional subió del 26% al 30%.  A modo de consuelo, Madrid se encuentra en la misma situación. Al consistorio de Barcelona se le reconoce una mejoría relativa. También suspenden, entre otros, los entes de A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Bilbao, Cáceres, Cádiz, Castellón, Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, León, Lleida, Lugo, Murcia, Ourense, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Santander, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zamora.

De los dos cabildos evaluados, el de Gran Canaria está marcado con un sí y el de Tenerife, con un no. En el global, 27 de 45 organismos provinciales (diputaciones) o insulares (cabildos y consells) pasan satisfactoriamente la prueba del algodón, un 20% más que en febrero (40%/60%).

Dentro del capítulo dedicado a los gobiernos autonómicos, el de Canarias es uno de los 6 que superan con éxito el control de Transparencia Internacional. El Ejecutivo de Fernando Clavijo ha evolucionado del no en enero al sí de julio. Comparten este honor Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y La Rioja.

Solo 5 de los 19 parlamentos de España (añadidos el Congreso y el Senado) respetan estrictamente la legislación sobre la difusión de contratos y licitaciones en la plataforma habilitada a tal fin. Son, además del de Canarias,  los de Andalucía, Asturias, Cataluña y el de la Región de Murcia. Eso significa que ambas cámaras de las Cortes son señaladas con el dedo pulgar hacia abajo.

Las dos universidades públicas de este archipiélago (La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria) tampoco están a la altura de las circunstancias. De 51 centros docentes, 33 se comportan con rigor. La Autónoma de Madrid y Barcelona, la Complutense, la de Alcalá de Henares, la de Salamanca, la Jaime I (Castellón), la del País Vasco, la Rey Juan Carlos o la Uned sí sientan cátedra.