La futura Ley del Suelo obligará a que las nuevas construcciones en suelo rústico usen energías renovables

Toda nueva construcción en suelo rústico tendrá la obligación de disponer de energías renovables de autoconsumo, salvo que lo prohíba el plan insular de ordenación o el de uso y gestión de un espacio protegido por “contradicción manifiesta” con los valores naturales que se protegen. Así lo establece el artículo 73 del proyecto de Ley del Suelo aprobado por el Gobierno canario y que en septiembre comenzará su trámite en el Parlamento autonómico.

En concreto, la propuesta del Ejecutivo de CC y PSOE permite que en suelo rústico de protección económica (potencialmente agrario) y en suelo rústico común se podrá autorizar, por su “interés público y social”, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica (solar), eólica “o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables”, con la referida salvedad de que lo impida el planeamiento insular o medioambiental.

Estas instalaciones energéticas de autoconsumo se considerarán “complementarias” al uso propio de suelo rústico agrario, como recoge el artículo 63 de esta iniciativa legislativa.

Esta obligación, que figura en el texto articulado como uno de los deberes de los propietarios del suelo rústico, se aplicará a las edificaciones posteriores a la entrada en vigor de la futura ley. La implantación de estas fuentes energéticas limpias figura también como principio de ordenación de los usos del suelo, concretamente el de “utilización de energías renovables y de eficiencia energética”, plasmado en el artículo 82.

En el artículo siguiente se estipula que uno de los criterios de ordenación al que deberán atender las administraciones públicas es el del “fomento del uso eficiente y la gestión de la demanda energética, la diversificación de las energías convencionales y la priorización y extensión de energías renovables”.

El proyecto de ley detalla además que los planes insulares ( cuya elaboración y -he aquí la novedad- aprobación definitiva corresponderá a los cabildos con el informe preceptivo y vinculante de un órgano dependiente del Gobierno regional) deberán incluir en su contenido la ordenación de los aprovechamientos de los recursos de energías renovables.