Miguel Ángel Pérez: “Si no cambiamos el suelo, de los barrancos se puede sacar cuatro veces más de lo extráido ya”

“Si no cambiamos la calificación del suelo, de los barrancos de Güímar todavía se podría estar extrayendo áridos cuatro veces más de lo que ya se ha sacado y durante 80 ó 90 años”, manifestó el consejero insular de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez.
El consejero defiende así la iniciativa legislativa aprobada en el Cabildo y que posiblemente se debatirá en septiembre en el Parlamento, tras el visto bueno del Gobierno de Canarias, porque “es la única manera legal de cambiar el uso del suelo, ahora minero, por rústico medioambiental”, descartando que esta iniciativa “sea ilegal” como apuntó hace unos días en este periódico, el letrado del caso Áridos, Carlos Álvarez, quien afirmó que el Supremo o Europa “echarán abajo esa iniciativa legislativa” al estar sujeta la restauración a una sentencia judicial.

Miguel Ángel Pérez afirma que “con todos los respectos para un letrado que conoce tanto lo que ha sucedido en Güímar, se equivoca de pleno al poner en duda una iniciativa avalada por el catedrático Villar Rojas, ponente de la nueva Ley del Suelo”, señaló el consejero.

Pérez insiste que lo primero es restaurar, “y así lo dice la sentencia judicial”, y después “ya se valorarán los usos alternativos”, descartado tantos los proyectos “disparatados” de la alcaldesa Luisa Castro como la balsa que pretende construir Antonio Plasencia, porque “se necesita un proyecto integral y no solo rellenar una cantera”.

El consejero insistió que aunque el 90% de los terrenos son de los areneros o de los bancos, “está por ver que tengan derechos, tras extraer sin licencia municipal” y advirtió que “rellenar esos huecos no se hará ni en tres ni en cinco ni tal vez en 25 años”

150 millones de euros para canalizar los barrancos
Miguel Ángel Pérez pone en duda que con los 140 millones de euros que tienen que poner los cuatro areneros condenados por el daño causado por sus canteras baste para restaurar la zona, porque señala que “el Consejo Insular de Aguas tiene evaluado que solo para canalizar los barrancos se necesitarían 150 millones de euros”