El Gobierno de Canarias aprobó ayer, a propuesta de la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el real decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se dictan las características generales de las pruebas de las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y solicitar su nulidad. Como ya argumentara en el caso de las evaluaciones de 3º y 6º de Evaluación Primaria, el Ejecutivo autonómico entiende que la Administración General del Estado ha incurrido en nulidad radical o de pleno derecho de la norma recurrida, lo cual “ha generado indefensión por la omisión clara, manifiesta y ostensible del trámite de consulta previa”.
Frente a la justificación expresada por los representantes nacionales de que sí se consultó a las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de mayo, el Gobierno de Canarias alega que “ese no es el cauce legal” previsto en la tramitación de la normativa, y que no hubo una información previa del documento para poder presentar las correspondientes alegaciones. El Ejecutivo regional recuerda que lo que sí quedó de manifiesto en aquella ocasión fue el categórico rechazo de doce de las diecisiete comunidades a estas evaluaciones finales.
El recurso recogerá también que el Consejo de Ministros se ha extralimitado, al aprobar un Real Decreto de carácter reglamentario mientras está en funciones.
Sobre el Gobierno en funciones, la normativa señala que “limitará su gestión al despacho ordinario y se abstendrá de adoptar, salvo casos de urgencia acreditados, cualesquiera otras medidas”.
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