El Consistorio indemnizará con 1,6 millones a Apymevo por la zona 7 de San Agustín

Solo el PSOE apoya la operación, que critica el resto de la oposición por las dudas que deja y el supuesto trato a favor a Fernando Plasencia

El Pleno del Ayuntamiento de La Orotava aprobó ayer pagarle a Apymevo Comercial una indemnización de 1.630.966 euros por el rescate de la zona 7 de San Agustín, en la que se contempló construir desde un edificio de aparcamientos, hasta la Escuela de Música, un auditorio al aire libre, y por último, la sede de la UEC, que también se descartó cuando el Parlamento de Canarias aprobó su cambio de ubicación a la calle Salazar.

El pago, que es el saldo pendiente de lo que el Ayuntamiento le debe al concesionario (2.417.740 euros) y viceversa (786.774 euros), se hará fraccionado en tres anualidades. Así, este año se abonarán 245.966 euros, al siguiente se pagarán 700.000 y en 2018 la cantidad será de 685.000 euros. El asunto, no exento de polémica, contó únicamente con el apoyo del PSOE dado que PP y USP votaron en contra pese a que dejaron claro que están a favor del desarrollo de la zona. El primer grupo, por las dudas e incógnitas que deja, sobre todo, desde el punto de vista legal. Su portavoz, Tomás Martín, pidió sin éxito que su debate se pospusiera.

USP fue mucho más implacable en su pronunciamiento. El concejal José Antonio Lima hizo un repaso desde el acuerdo plenario del 10 de febrero de 1998, en el que ya se dejaba “el camino expedito” a un futuro rescate total y ampliándose a la Zona 6, como finalmente se hizo.

El edil hizo una dura crítica al Gobierno a quien le reprochó “la poca ética” al participar en este proceso y “salvaguardarle” la vida a Apymevo y a su administrador, Fernando Plasencia, durante más de 15 años en lugar de defender los intereses públicos.

Raúl González y José Antonio Lima se retiraron del pleno durante el pronunciamiento de los grupos en el caso El Trompo. /DA
Raúl González y José Antonio Lima se retiraron del pleno durante el pronunciamiento de los grupos en el caso El Trompo. /DA

También dejó constancia de los incumplimientos del empresario con las operaciones relacionadas con la concesión, tal y como advirtió en su momento el área de Intervención, y de la vinculación entre Apymevo y el concejal de Hacienda, Juan Dóniz. A este último le preguntó si alguna vez había tenido relación con la empresa Guaiaba de Gestiones, S.A., que compró varios locales a Apymevo en la Zona 6.

Dóniz no concretó su respuesta. Aseguró que había estado vinculado laboralmente a Apymevo y recordó que en su momento dicha compatibilidad fue aprobada por el Pleno. En cualquier caso, aclaró que “no firmó ningún documento para la adjudicación de propiedades”.

Un edil llega, otro se va
Antes de iniciarse el debate de este polémico asunto, el nuevo concejal del PP, Rafael Francisco González Carballo, juró su cargo ante la presencia de familiares y amigos y el concejal saliente, Enrique Luis, a quien le agradeció su trabajo en la corporación.

La sesión finalizó con la despedida de la edil socialista Jésica Hernández Pacheco quien deja su acta por motivos personales. Su lugar lo ocupará José Manuel López González. En ambos casos, los portavoces de los distintos grupos les desearon suerte en el camino que iniciaban.

Los grupos se pronuncian sobre la sentencia de El Trompo excepto USP que se retira del pleno

El alcalde, Francisco Linares, permitió a la oposición pronunciarse sobre la sentencia en primera instancia del caso El Trompo. Pero solo lo hicieron PSOE y PP ya que USP no estuvo de acuerdo en que se concedieran “cinco minutos pírricos” para tratar un asunto tan importante y en señal de protesta se ausentó de la sesión durante el debate.

El portavoz socialista, Manuel González, criticó la actuación del Gobierno local en los “años de plomo y cemento”, en los que se perdían expedientes por el camino y “aparecían más tarde por arte de magia”. Por ello, consideró que CC debe reconocer los errores cometidos y pedir disculpas a la ciudadanía.
El edil del PP Tomás Martín, lamentó la lentitud con la que se actuó y estimó necesario que se abra un debate porque el caso, que es lo “suficientemente grave”, lo requiere.

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