
Desde el Ayuntamiento de Candelaria se aclara que los dos expedientes de ejecución de estabilización y protección del talud de Bajo La Cuesta se están tramitando conforme establece la legislación vigente. El expediente más avanzado es el de Unelco Endesa, propietario de una parte del talud, que cuenta con orden de ejecución dictada por la alcaldesa, previa conformidad por parte de Oficina Técnica del proyecto de estabilización y protección del talud, en la que se refleja un plazo de tres meses para acometer y culminar las obras.
La alcaldesa, Mari Brito, avanza que tras una reunión mantenida ayer con Unelco-Endesa sus representantes le han transmitido que en cuanto tengan la autorización de la Consejería de Política Territorial estarán en disposición de comenzar la obra, siempre y cuando los vecinos hayan desalojado sus viviendas antes del 27 de octubre, fecha límite. Con respecto a la suspensión cautelar de la resolución administrativa, ya fue solicitada en una ocasión por Unelco-Endesa y le fue denegada por auto judicial del 18 de febrero de 2016.
Por otro lado, en lo que respecta a la otra parte del talud propiedad de la empresa Dani Ran SL, las actuaciones del Ayuntamiento se han demorado más debido a las complicaciones que surgieron para la localización del propietario, lo cual derivó en la caducidad del primer expediente, decretada el 20 de julio de 2016, mismo día en el que el concejal de Urbanismo dictó providencia ordenando la incoación de un nuevo expediente con carácter de urgencia. El 2 de agosto tiene registro de salida el trámite de audiencia previo a la orden de ejecución, que los funcionarios de correos intentan notificar, infructuosamente, en dos ocasiones, lo que obliga al Ayuntamiento a la publicación de la notificación en el BOE (número 227, de 20 de septiembre de 2016). A continuación, se les requerirá para que presenten el correspondiente proyecto de ejecución, tal y como se ha hecho con Unelco – Endesa.
Obligación legal
La alcaldesa hace un llamamiento a la prudencia y recuerda que la Ley recoge que son los propietarios los que deben asumir la ejecución, tal y como se apunta el artículo 153.1 del texto refundido de las Leyes de Ordenación del territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Brito lamenta que se den por ciertas determinadas informaciones que lo único que hacen es confundir a los vecinos y a la opinión pública. En este sentido invitan a los vecinos afectados a pasar por el Ayuntamiento para ofrecerles toda la información que precisen y recuerda que aquellos que tienen en el barrio su primera vivienda pueden pasar por Servicios Sociales, como ya han hecho varios vecinos, para tratar obtener información de cómo pueden ser realojados en otros lugares hasta que finalicen las obras en el talud y vuelvan a sus casas con la seguridad garantizada.





