El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha vuelto a dar la razón al personal laboral del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz sobre las extras contempladas en el convenio colectivo que fueron suspendidas en enero de 2011, como los premios de permanencia, pagas extras, tóxicos, ayudas al estudio y transporte. Además de abonarlas, el Consistorio debe aplicar a partir de ahora el convenio colectivo y además, ponerlo en vigor.
La sentencia, con fecha 20 de julio de 2016 y en la que solo cabe recurso de casación, deja claro que “ni en la aprobación del Plan de Ajuste ni en sus modificaciones posteriores, se hace referencia específica a descolgarse o reducir los conceptos de los laborales”. Otro argumento fundamental es que el convenio colectivo vincula y da garantía constitucional y por lo tanto “no se puede modificar sin pasar por una negociación porque vulneraría los derechos de los trabajadores”, apuntan fuentes del sindicato FSP-UGT, representando en el comité de empresa.
Las mismas fuentes señalan que el Ayuntamiento adoptó las medidas “en base a la reforma de una ley que todavía estaba en borrador y que fue aprobada en 2012”. Sin embargo, en 2015, estando ésta en vigor, volvió a admitirlas “pero de manera errónea, porque no se demuestra que haya circunstancias económicas que pongan en riesgo los servicios públicos. Sobre todo, porque dos días antes el Gobierno municipal dijo en los medios de comunicación que el Ayuntamiento tenía superávit”. Además, añaden, “la supresión se aplicó solo a los laborales sin tocar a los funcionarios creando con ello un importante agravio comparativo”.
Las dos demandas fueron interpuestas por FSP- UGT en el Juzgado de lo Social. El Ayuntamiento planteó recurso y fueron derivadas al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y se ganaron en primera instancia. En la primera se incluían las medidas desde enero de 2011 hasta diciembre de 2014 y en las segundas, desde enero de 2015 hasta ahora. Así, se le debe al personal todos los conceptos retributivos no pagados desde enero de 2011 hasta la fecha.
Pese a que se ha demostrado “que los trabajadores tienen razón”, el sindicato critica que todavía no se haya celebrado una reunión con el Gobierno municipal para analizar la situación.
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