El tribunal descartó ayer la práctica totalidad de cuestiones previas planteadas por las partes en la primera sesión del juicio penal que se celebra desde el pasado viernes en la Audiencia provincial por el llamado caso Las Teresitas y, por ende, negó la posibilidad de que sea anulado una vista que, por lo visto ayer, amenaza con prolongarse durante cuatro meses. Ello se debe al resultado de la primera testifical, la del exconcejal de Urbanismo y denunciante de este caso José Ángel Martín, que se prolongó en demasía ante el aluvión de preguntas, en particular sobre las cuitas del convulso PSOE santacrucero en el cambio de milenio, de cierto interés para el historiador político local pero con escaso valor jurídico para lo que se ventila en la Sala. Tanto retraso motivó que se aplazaran las comparecencias de Santiago Pérez (ahora citado para el miércoles) y Rodolfo Núñez (para el viernes). Ello motivó un aviso por parte del magistrado que preside, Joaquín Astor Landete, y la situación se recondujo con Justo Menéndez, cuya participación transcurrió con notable celeridad gracias a la colaboración de las partes.
La jornada de ayer arrancó con el anuncio de Astor sobre las cuestiones previas. Si bien recordó que será en la sentencia cuando se analicen en profundidad, descartó la práctica totalidad, en coherencia con lo ya actuado. A la par, admitió los cambios en la acusación de la Fiscalía, que ahora considera a los empresarios como cooperadores necesarios en vez de inductores, y admitió los documentos novedosos propuestos desde distintas partes, no así los que ya había rechazado. Astor defendió en varias ocasiones el trabajo realizado en instrucción. En cuanto a la posibilidad de ausentarse, el magistrado recordó la legislación vigente y tendrán que acudir a todas las sesiones.
Por lo que respecta a Martín, cumplió su propio pronóstico y poco aportó de nuevo al procedimiento. Eso sí, sorprendió a la fiscal cuando le respondió con firmeza y reiteradamente que la sentencia del Supremo que en 1998 redujo la edificabilidad en el frente de playa aumentó el valor de la misma. Fueron tantas las preguntas sobre el conflicto en el PSOE que a nadie presente en la sala le queda duda alguna de que la denuncia tenía mucho que ver con el mismo. De aquella bronca se extraen dos conclusiones: que el grupo municipal socialista tenía plena autonomía para decidir su voto y que la Ejecutiva insular estaba en contra, a tal punto que enviaron un fax admonitorio el mismo día en que los ediles del PSOE (con el ahora encausado Emilio Fresco al frente) dieran el sí a la compraventa de los terrenos a los empresarios. Especial insistencia hubo desde las distintas defensas (con mayor interés para el proceso) por preguntar la demora en presentar la demanda. Martín explicó que la votación fue en 2001 y que no acudieron a la Fiscalía hasta 2005 porque fueron recabando indicios durante ese tiempo y primero acudieron a la vía contencioso-administrativa. Similar respuesta ofreció Menéndez. Ambos citaron a Santiago Pérez en repetidas ocasiones como referente jurídico e informativo para conformar la denuncia, y Martín llegó a explicar que fue el hoy edil lagunero quien les desveló la existencia del informe de la entonces arquitecto Pía Oramas y que una de las fuentes de Pérez sobre varios aspectos del asunto fue el empresario Amid Achí. Sobre aquella época, la coincidencia fue plena a la hora de recordar la oposición frontal de la opinión pública a la posibilidad de construir en el frente de playa. Menéndez fue especialmente gráfico al señalar que también habrían denunciado si la playa hubiera dejado de ser gratuita.
En la amplísima declaración de Martín, que si bien compareció por ser uno de los demandantes también respondió a cuestiones de cuando fue concejal de la oposición y del grupo de gobierno, hubo tiempo para conocer sobre la supuesta aparición de unos documentos que otorgan la titularidad de los terrenos en litigio al Ayuntamiento desde mucho antes de iniciarse el conflicto. Dijo el ex edil de Urbanismo que fue en 2013 cuando un abogado municipal, Ruymán Torres, dio con una escritura fechada en 1967 y que en el inventario del Consistorio figuraban como públicos, tras lo cual optó por remitirlos a la Fiscalía. Reconoció no saber dónde estaban esos papeles ni conocer de primera mano el inventario, ni que tampoco impulsó un expediente de revisión de oficio dado que el asunto “estaba en manos de los letrados del Ayuntamiento” y de que seguían las directrices de un catedrático contratado a tal fin.
Sobre la parcela de la batería militar, explicó Martín que se destinó para construir un hotel pero dijo que no es factible desde hace años. Este asunto motivó la única pregunta realizada de motu proprio por el tribunal, que permitió al edil santacrucero recordar que se mantiene un conflicto abierto entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa por los derechos sobre la misma. También aclaró que durante su etapa como concejal de Urbanismo cambió la política municipal, que pasó de considerar inejecutable la sentencia del Supremo que en 2007 anuló la compraventa de los terrenos a plantear en los tribunales una contrademanda a los empresarios en pos de recuperar el dinero pagado en 2001.
Hoy se reanudará el juicio con la declaración de nuevos testigos, entre los que se encuentran los empresarios Pedro Afonso y el ya citado Amid Achí.
Recordar que son 13 los acusados por delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, entre los que se encuentran los exalcaldes santacruceros Miguel Zerolo y José Emilio García Gómez, así como los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]La advertencia del magistrado presidente dio sus frutos
Fue claro Joaquín Astor Landete tras concluir la comparecencia José Ángel Martín y lo demostró en el transcurso de la de Justo Menéndez. Tras la experiencia anterior, cortó cualquier atisbo de irse por las ramas y tanto acusadores como defensores tomaron buena nota. Hoy se verá si perdura este esfuerzo por enderezar el rumbo [/su_note]
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